Once años esperando que el intendente los reciba y ahora el Superior Tribunal de Justicia ratificó el desalojo. La comunidad de Chakra Raíz se plantó frente al Concejo de Toay y sumó un respaldo inesperado.
La comunidad de Chakra Raíz volvió a hacerse oír. Vecinos y vecinas se concentraron frente al Concejo Deliberante de Toay para reclamar la banca del vecino y para frenar un desalojo que ya tiene el aval del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.
El reclamo no es nuevo. Según relataron los manifestantes, llevan once años esperando que el intendente de su localidad los reciba. A eso se suma el pedido de que se aplique la Ley 27.453, la norma de integración socio-urbana para barrios populares, y de que se suspenda la ejecución de la medida judicial.
El respaldo de las organizaciones sociales
Distintas organizaciones sociales difundieron una carta en la que expresaron su apoyo a la comunidad y repudiaron el desalojo. En el texto sostuvieron que desde 2015 Chakra Raíz fue estigmatizada y judicializada.
El documento apunta de manera directa al intendente de Toay, Ariel Rojas, a quien acusan de haber “elegido el desalojo en lugar del diálogo y la integración”.
Las críticas al jefe comunal se detallan en varios puntos: le reprochan “sostener durante ocho años una demanda de desalojo contra familias con niñas y niños”; “presentar a la comunidad como un ‘daño a la ciudad’ y buscar enfrentarla con el resto de los toayenses, cuando la demanda de vivienda social de Toay se resuelve con política pública y no con el desalojo de doce familias”; “rechazar la integración socio-urbana que la ley nacional prevé para los barrios populares”; y “anunciar que busca que el predio ‘sea de todos los toayenses’ mientras ejecuta una medida que dejará sin techo a quienes ya lo habitan”.
La respuesta del gobernador, en la mira
Las organizaciones también cuestionaron al gobernador Sergio Ziliotto por su frase: “Lo que tenemos es una decisión judicial que cumplir”. Para los firmantes, “esa postura es insuficiente y no está a la altura de las circunstancias”.
En ese sentido, argumentaron que “el Poder Ejecutivo Provincial conserva herramientas políticas y legales para evitar que se ejecute una medida de este tipo”.
Qué piden puntualmente
El pliego de reclamos tiene varios ejes. En primer lugar, exigen que se suspenda cualquier ejecución del desalojo y que se abra una instancia real de diálogo con la comunidad.
También piden que el Gobierno provincial y el municipio de Toay apliquen la Ley 27.453 y su prórroga, y que avancen en la integración socio-urbana y la regularización dominial de Chakra Raíz.
Otro de los puntos es la garantía de acceso a agua, energía y demás servicios básicos para las familias. Además, solicitan que el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados de la provincia y el Concejo Deliberante de Toay se involucren en la búsqueda de una solución política.
Por último, reclaman que cese la estigmatización de la comunidad en el discurso público.
