Once imputados esperan, pero la audiencia del Acueducto Gran Tulum volvió a frenarse
La obra del Acueducto Gran Tulum sigue sin imputados formalizados: una defensa pidió la nulidad de todo lo actuado y la audiencia volvió a quedar en el aire. ¿Qué cuestionan de la jueza?
La audiencia que debía formalizar la investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum no llegó a arrancar. Un pedido de nulidad de una de las defensas volvió a estirar el suspenso y el debate se centró en cómo trató la jueza Mónica Lucero los planteos anteriores.
Quién pidió la nulidad y por qué
El planteo lo presentó el abogado Juan Pablo Ortega, que junto con Nasser Uzair representa a los investigados Sergio Ruíz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez. A esa embestida se sumó Marcelo Fernández, defensor del senador Sergio Uñac, quien habló de una posible nulidad absoluta por una eventual vulneración de garantías constitucionales y del derecho de defensa.
El eje de la discusión fue la intervención de Lucero en una recusación y quién tiene competencia para resolver ese tipo de planteos.
El nudo: quién debía decidir el apartamiento
Todo se originó en una segunda recusación contra la magistrada de garantías, presentada después de una denuncia vinculada con su actuación en la causa. Según las defensas, Lucero rechazó ese pedido de apartamiento por sí misma cuando la decisión le correspondía al Tribunal de Impugnación, es decir, a otro juez.
Para los abogados, al no derivar el planteo al órgano competente y resolver sobre su propia recusación, la jueza habría violado el procedimiento del Código Procesal Penal y las garantías de imparcialidad y defensa en juicio. Por eso reclamaron que se declare la nulidad de lo actuado.
La respuesta de la Fiscalía
Desde el Ministerio Público Fiscal rechazaron la embestida. El representante fiscal, Sebastián Gómez, la calificó como una maniobra meramente dilatoria y advirtió que aceptar ese criterio abriría la puerta para que cualquier denuncia contra un magistrado o un integrante de la Fiscalía terminara en un pedido de apartamiento.
Al debate se sumaron otros abogados, que expusieron sus argumentos sobre el trámite procesal y la posible afectación de garantías.
La causa sigue sin formalizar
Con este nuevo planteo, el expediente volvió a quedar atravesado por las discusiones entre las partes y todavía no se llegó a la formalización de los 11 investigados. El proceso, que debía avanzar sobre la imputación de los sospechosos por las presuntas irregularidades en la obra pública, sigue demorado por las cuestiones preliminares.
