Once investigados por el Acueducto Gran Tulum quedaron en el aire: la jueza anuló todo lo actuado
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Once investigados por el Acueducto Gran Tulum quedaron en el aire: la jueza anuló todo lo actuado

La jueza Mónica Lucero hizo lugar al pedido de las defensas y borró de un plumazo todo lo actuado desde el 13 de octubre en la causa del Acueducto Gran Tulum. Ahora el Tribunal de Impugnación debe definir si sigue ella o pasa a otro juez, y once investigados quedaron en un limbo procesal.

La causa por el Acueducto Gran Tulum retrocedió varios casilleros. La jueza de Garantías Mónica Lucero hizo lugar parcialmente al pedido de nulidad absoluta que presentaron las defensas y declaró sin efecto todo lo actuado desde el 13 de octubre de 2026, incluidas las jornadas de la audiencia de formalización que ya se habían celebrado.

La resolución se conoció este martes 17 de noviembre, seis días después de que los abogados defensores presentaran el planteo, el miércoles 11.

El origen del conflicto: dos recusaciones

El conflicto viene de antes. En las instancias previas al inicio formal del proceso, los letrados habían recusado a Lucero aludiendo a un presunto vínculo con un exintegrante de OSSE que podría quedar bajo investigación. También denunciaron restricciones para acceder al expediente. En ese momento, la magistrada desestimó la recusación y siguió interviniendo.

Hubo además una segunda recusación, impulsada por Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz. Ambos la fundaron en una denuncia penal que ellos mismos habían presentado contra la jueza: sostuvieron que, por esa denuncia, ella no podía continuar en una causa en la que ellos están investigados.

Ese argumento choca con el Código Procesal Penal: una denuncia contra el juez solo puede sostener una recusación si es anterior al inicio del proceso, y en este caso se presentó después.

La omisión que lo cambió todo

El 13 de octubre de 2026, Lucero respondió que no compartía esos argumentos y que continuaría a cargo de la causa. El problema fue otro: esa respuesta sobre su continuidad nunca fue remitida al Tribunal de Impugnación, como exige el procedimiento. Por esa omisión, las defensas plantearon la nulidad absoluta.

La jueza terminó haciendo lugar parcialmente al planteo y declaró nulos los actos cumplidos a partir de esa fecha, lo que abarca las jornadas de formalización realizadas hasta ahora.

Qué significa recusar a un juez

Recusar es pedir que un magistrado deje de intervenir en una causa por un motivo determinado. El Código Procesal Penal de San Juan establece que el juez recusado debe responder si acepta o no el planteo, y que esa respuesta debe enviarse al Tribunal de Impugnación para que la decisión final no quede solo en manos del juez cuestionado.

Los seis puntos de la resolución

En su fallo, Lucero dispuso:

• Hacer lugar parcialmente al pedido de nulidad y declarar nulos los actos cumplidos desde el 13 de octubre de 2026.

• Corregir la omisión —lo que la ley llama “saneamiento”— cumpliendo ahora el trámite de recusación previsto en el Código Procesal Penal.

• Enviar de inmediato al Tribunal de Impugnación el escrito de recusación, su respuesta del 13 de octubre y los antecedentes, para que ese tribunal decida si ella sigue o no en la causa.

• Informar, a través de la Oficina Judicial, al juez que la reemplazaría en caso de apartamiento —el que sigue en el orden de subrogancia— para que sepa que hay una recusación en trámite.

• Dejar constancia de que el planteo se debatió en audiencia, con intervención de todas las partes.

• Aclarar que los planteos de las defensas no suspenden por sí mismos el trámite de la causa, sin perjuicio de las reglas propias de la recusación y de lo que resuelva el Tribunal de Impugnación.

Qué puede pasar ahora

La pelota quedó en manos del Tribunal de Impugnación, que debe resolver la recusación. Si confirma que Lucero continúa a cargo, la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria deberá realizarse nuevamente. Si decide apartarla, la causa pasará al juez que corresponda según el orden de subrogancia.

Con los actos posteriores al 13 de octubre sin efecto, la formalización todavía no se concretó. Por eso, las once personas investigadas no están formalmente imputadas.

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