Un caso de bullying en un colegio de Catamarca reavivó el debate, pero en la Legislatura hay 11 proyectos que llevan meses sin convertirse en ley. Uno propone multar a los padres y otro crear una línea de denuncias: qué dice cada iniciativa.
El caso de acoso escolar que se difundió en el Colegio Pia Didoménico de Catamarca instaló el bullying otra vez en la conversación pública, con repercusión incluso fuera de la provincia. Mientras tanto, en la Legislatura provincial se acumulan propuestas para atacar el problema: un relevamiento de la Cámara de Diputados contabiliza 11 proyectos en trámite sobre bullying, ciberacoso y otras formas de violencia en el ámbito educativo y juvenil.
Los expedientes fueron presentados entre 2024 y octubre de 2026 y abordan la problemática desde ángulos diversos: campañas de concientización, programas de prevención, líneas de denuncia, acompañamiento a docentes y hasta reformas al Código de Faltas para sancionar a los adultos responsables. Ninguno, por ahora, logró convertirse en ley.
La información surge de las fichas publicadas por el Centro de Documentación Parlamentaria (CEDOP) de la Cámara de Diputados de Catamarca. Los datos sobre autores, fechas de presentación, objeto y estado parlamentario corresponden a esa plataforma al momento de la consulta y pueden estar sujetos a actualizaciones o diferencias con los registros administrativos de la Legislatura.
Qué proponen los proyectos sobre bullying en Catamarca
Una de las iniciativas más abarcadoras es el proyecto 640/2024, del bloque de La Libertad Avanza. Plantea una estrategia integral para prevenir, abordar y erradicar el acoso escolar y el ciberacoso entre niños, niñas y adolescentes, e incluye entre sus ejes el método KiVa, un programa de prevención e intervención frente al bullying.
En una línea similar, el proyecto 632/2025, de la diputada María Alejandra Pons Bazán, propone implementar de manera obligatoria el programa antibullying KiVa en todas las instituciones educativas públicas y privadas de nivel primario y secundario de la provincia. Ambas iniciativas coinciden en incorporar ese método, aunque con alcances distintos: una apunta a una estrategia integral y la otra se concentra en la obligatoriedad del programa en esos niveles.
Otra propuesta pone el foco en la concientización. El proyecto 404/2024, de la diputada Natalia Saseta, impulsa una campaña para prevenir el maltrato y la violencia en escuelas públicas y privadas.
El proyecto 614/2025, presentado por la diputada Mónica Olga Zalazar, no busca crear una nueva ley sino que se trata de una iniciativa de resolución que solicita al Poder Ejecutivo provincial reforzar las acciones de monitoreo, prevención y cumplimiento de la Ley Provincial 5402, vinculada con la exclusión del maltrato y la promoción de una cultura de paz en la comunidad educativa.
No todos los expedientes se enfocan exclusivamente en el acoso entre estudiantes. El 293/2026, de la diputada Sonia Beatriz Navarro, propone crear un sistema provincial de protección, contención y acompañamiento para docentes que atraviesen situaciones de violencia escolar, con eje en la respuesta institucional frente a hechos que afectan al personal educativo.
En tanto, el proyecto 679/2025, también de Zalazar, plantea una unidad móvil de acompañamiento y formación en valores para prevenir el bullying y otras situaciones de violencia entre jóvenes. La iniciativa contempla su intervención en clubes, instituciones deportivas y escuelas de deporte, por lo que extiende el abordaje más allá de los establecimientos educativos.
Entre las iniciativas más recientes aparece el proyecto 700/2026, presentado por el diputado Juan Carlos Ledesma el 26 de octubre de 2026. Propone crear un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el ámbito educativo, con el foco puesto en las agresiones y otras formas de violencia que se producen mediante herramientas digitales en contextos educativos. Según la ficha consultada, el expediente está en trámite y no registra aprobaciones.
Una línea telefónica para denunciar casos de acoso
La creación de un canal específico para recibir denuncias y consultas es otro de los ejes presentes en las iniciativas.
El proyecto 083/2025, presentado por la diputada Josefina del Valle Herr el 19 de marzo de 2025, propone crear una línea telefónica gratuita, confidencial y de atención permanente para casos de acoso escolar, bullying y ciberbullying. El servicio podría recibir consultas y denuncias de estudiantes, docentes, familias y otras personas que conozcan una situación de este tipo, y contempla mecanismos de derivación a organismos educativos, servicios de asistencia y autoridades competentes según las características de cada caso.
Un planteo relacionado aparece en el proyecto 308/2026, del diputado Tiago Ignacio Puente, que busca crear un sistema provincial de convivencia escolar que contemple el bullying, el ciberbullying, el grooming y otras formas de violencia digital. Dentro de ese esquema se incluye una línea de atención, junto con otras herramientas para abordar los conflictos. Las iniciativas comparten la idea de ofrecer canales de consulta o denuncia, pero difieren en su alcance: una se concentra en la línea telefónica y la otra la incorpora a un sistema más amplio de convivencia escolar.
Proyectos que buscan sanciones para padres
Dos de las iniciativas relevadas proponen modificar el Código de Faltas de Catamarca para establecer sanciones dirigidas a padres, tutores o responsables legales de menores que ejerzan bullying, cuando los adultos no cumplan con sus deberes de cuidado y supervisión.
Se trata de los expedientes 665/2025, presentado por la diputada Natalia Herrera, y 671/2025, impulsado por el diputado Juan Carlos Ledesma. Ambos fueron presentados en noviembre de 2025 y continúan en trámite, aunque plantean procedimientos y sanciones diferentes.
El proyecto de Herrera propone incorporar artículos al Código de Faltas para contemplar trabajos comunitarios de entre 5 y 50 días para los adultos que, tras ser notificados de situaciones de acoso escolar, no adopten medidas ni cumplan con los compromisos asumidos. También prevé instrucciones especiales y, en caso de reincidencia, multas de entre 100 y 200 unidades de multa.
La iniciativa de Ledesma, en cambio, plantea crear un capítulo específico sobre responsabilidad parental por acoso escolar. Contempla multas de entre 10 y 30 unidades de multa o la aplicación de instrucciones especiales, como la participación obligatoria en cursos de convivencia escolar y orientación familiar. Además, prevé instancias de mediación y acompañamiento, y sanciones más severas ante la reiteración de las conductas.
Ambas propuestas comparten el objetivo de establecer consecuencias para los adultos responsables, pero difieren en las condiciones para iniciar los procedimientos y en las medidas previstas. Esa coincidencia también abre la posibilidad de analizar si pueden coordinarse o integrarse durante el tratamiento legislativo.
Proyectos nuevos y propuestas pendientes de tratamiento
La existencia de iniciativas con objetivos similares abre un interrogante sobre el recorrido legislativo de las propuestas. ¿Por qué se presentan nuevos proyectos sobre una misma problemática en lugar de avanzar con los que ya están en trámite o incorporar modificaciones a los expedientes existentes?
El relevamiento no permite establecer los motivos de cada autor ni determinar si hubo intentos de unificar las iniciativas. Sin embargo, muestra que distintas propuestas buscan intervenir sobre aspectos coincidentes del bullying y la violencia escolar, aunque mediante herramientas diferentes.
En ese escenario, el seguimiento parlamentario resulta clave para conocer si los proyectos avanzan, si sus autores promueven cambios sobre las iniciativas anteriores o si existe la posibilidad de unificar criterios. Más allá de la cantidad de expedientes presentados, la cuestión central es qué tratamiento reciben y si las propuestas logran convertirse en medidas concretas para prevenir y abordar la violencia en las escuelas.
