Operativo en el norte santafesino: la Justicia desmantela una red de lavado tras un hallazgo millonario en la ruta

Un control de Gendarmería en la ruta 11 destapó una trama de lavado de activos que ahora tiene a cuatro personas y una empresa formalmente imputadas. La investigación federal avanza tras el impactante descubrimiento de más de 357 millones de pesos ocultos en un vehículo, un caso que revela una sofisticada operación para mover dinero en efectivo.

El hecho que inició todo ocurrió el 28 de marzo de 2025. Gendarmes detuvieron un automóvil en el paraje El Timbó, una zona rural de Avellaneda, cerca de Reconquista. Durante la revisión, encontraron una fortuna escondida en compartimientos secretos del vehículo.

El dinero, un total de $357.210.000, estaba distribuido en el tablero, el sistema de aire acondicionado, la zona del volante, la gaveta y hasta en la palanca de cambios. Este hallazgo no fue casualidad, sino la punta de un iceberg que la Justicia federal de Reconquista ahora está desenterrando.

¿Cómo funcionaba el circuito clandestino?

El fiscal Roberto Salum y el auxiliar Bruno Ojeda presentaron su acusación en una audiencia el 27 de febrero. Según su teoría, el traslado interceptado era parte de “un circuito regular, reiterado y coordinado” para mover efectivo.

El conductor, que había partido desde Resistencia con rumbo a la Ciudad de Buenos Aires, manejaba un Toyota Corolla Cross que pertenecía a uno de los socios de una empresa investigada. Este vehículo había sido modificado específicamente para ocultar grandes sumas y evadir controles.

Un detalle llamó la atención de los investigadores: cuando los gendarmes pidieron requisar el auto, el conductor suplicó: “Por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”. Acto seguido, él mismo retiró las piezas del tablero, revelando los fajos de billetes.

El documento que pretendía darle un “respaldo” legal

Entre lo incautado, apareció un papel clave. Se trataba de un documento titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, certificado por un notario el 20 de marzo de 2025.

Este escrito autorizaba al conductor a trasladar hasta 800 millones de pesos. Para la fiscalía, este documento era un intento de dar apariencia de legalidad a una operación clandestina, demostrando “un grado de planificación sofisticada” para justificarse en caso de ser descubiertos.

La empresa de repuestos que era una fachada

Los cuatro hombres imputados y una sociedad por acciones simplificada dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Resistencia, Chaco, están en el centro de la investigación. La fiscalía sostiene que, entre 2024 y 2025, desarrollaron intermediación financiera no autorizada.

Su actividad principal habría sido la compra y venta de dólares y euros, utilizando el negocio de repuestos como cobertura. La investigación detectó que el Toyota Corolla Cross realizaba viajes cada dos días a provincias como Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, una frecuencia inexplicable para una empresa de ese rubro.

Para reforzar su hipótesis, los fiscales ordenaron un allanamiento en febrero en la sede de la empresa en Resistencia. Allí secuestraron 8 millones de pesos más, máquinas contadoras de billetes con detector, llaves de vehículos y talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares.

Estos elementos, según la acusación, confirman que en ese lugar funcionaba una estructura para comprar y vender divisas sin autorización del Banco Central, insertando luego el dinero en el circuito legal. Es decir, una “cueva” financiera.

Embargos millonarios y medidas cautelares

El juez federal de Garantías de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, no solo formalizó la imputación por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. También tomó medidas contundentes.

Ordenó un embargo cautelar por la friolera de 2.000 millones de pesos sobre los bienes de los involucrados mientras avanza la causa. Además, impuso a los cuatro imputados la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la obligación de presentarse mensualmente ante Gendarmería y el congelamiento de sus cuentas bancarias y cajas de seguridad.

Debido a la complejidad de una investigación que abarca varias jurisdicciones del país, la Justicia otorgó un plazo de un año para continuar con las pesquisas. El operativo en la ruta 11 del norte santafesino fue solo el comienzo de un caso que promete revelar más sobre el movimiento clandestino de capitales en la región.