Orozco y Ortiz quieren cerrar la causa "cooperativa fantasma" sin pisar la cárcel

La defensa de Daniel Orozco y Janina Ortiz presentó ante la Fiscalía una propuesta de juicio abreviado por la causa "cooperativa fantasma", el mecanismo que les permitiría admitir los hechos que se les imputan a cambio de evitar la prisión efectiva.

El escrito lo firmó el abogado Raúl Burela y quedó en manos del fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli. Llegó apenas un día después de que se confirmara la elevación a juicio del expediente, que nació de una investigación periodística de Mendoza Post.

La propuesta busca resolver en un solo acuerdo todas las imputaciones que pesan sobre el exintendente de Las Heras y excompañero de fórmula de Omar De Marchi, y sobre la exsecretaria de Gobierno y diputada suspendida.

Qué penas proponen para cada uno

Para Orozco, la defensa planteó una condena de dos años de prisión en forma condicional. Para su esposa, la propuesta sube a tres años, también en suspenso.

La diferencia no es caprichosa: responde a la situación procesal de Ortiz. Además de la investigación por peculado doloso vinculada a la cooperativa "Manos a la Obra", la exfuncionaria tiene acumulada una causa por coacciones. El escrito de su abogado incluye ese expediente y pretende cerrar todo junto.

El acuerdo todavía no está cerrado

Nada de esto significa que las condenas ya estén acordadas. La presentación abre una instancia de negociación en la que deberán intervenir el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes. Para que exista un juicio abreviado hay que ponerse de acuerdo sobre los hechos admitidos, las calificaciones legales y las penas.

Alcanzado ese entendimiento, será el tribunal el que tenga la última palabra y defina si homologa o rechaza el acuerdo. Si prospera en los términos de la defensa, Orozco recibiría dos años condicionales y Ortiz tres: ninguno cumpliría pena efectiva en la cárcel.

Mientras tanto, es una incógnita qué harán los otros cinco imputados por peculado.

Los argumentos para evitar el juicio oral

Entre los fundamentos del pedido, la defensa destacó que un juicio oral de esta envergadura podría "insumir semanas de audiencias" y exigir "el despliegue de decenas de testigos, peritos informáticos, contables y la movilización de valiosos recursos humanos y materiales" del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Por eso considera que el juicio abreviado "constituye la opción más razonable y eficiente para el servicio de justicia". El otro argumento apunta a la velocidad: según el planteo, esta vía le permitiría al Estado obtener "una respuesta penal firme, definitiva e inmediata", cerrando la causa principal y las acumuladas.

Quiénes están imputados y cómo nació la causa

La investigación penal la llevó adelante el fiscal de Instrucción Juan Ticheli y se centró en irregularidades de la gestión municipal del matrimonio Orozco-Ortiz, vinculadas a contrataciones y pagos a la cooperativa "Manos a la Obra".

El pedido de elevación a juicio, firmado en julio de 2025, incluyó a Orozco, Ortiz, el exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, su yerno y contador Juan Pablo Pandolfi, el exconcejal del PRO y exfuncionario Matías Mostaccio, el changarín Adrián "Moco" Pérez y el excontador Daniel Germán Herrera.

Otros seis acusados quedaron fuera del juicio después de pagar más de $60 millones. En esos casos la imputación era peculado "culposo", una calificación que indica que no se pudo demostrar la intención de delinquir. Entre ellos aparecen el exsecretario de Hacienda Carlos Nofal, el exdirector de Compras Mauricio Valle y Mauro Homan, todavía funcionario lasherino.

A través de la cooperativa de trabajo "Manos a la Obra Limitada", supuestamente dedicada al reciclaje, los involucrados habrían desviado el equivalente a 200 mil dólares: la cooperativa recibía fondos por servicios de limpieza que nunca se prestaron. La mayoría de los trabajadores que figuraban en las planillas ni siquiera integraba la cooperativa, y muchas firmas estaban falsificadas.

Además de las pruebas documentales, los procedimientos irregulares, los testimonios, las transferencias bancarias y los decretos sin sustento legal, las presunciones quedaron reforzadas por el contenido del teléfono de uno de los imputados, el contador Pandolfi, donde quedaron registrados diálogos con Oyhenart y Mostaccio para desviar fondos municipales en beneficio propio.