Orozco y Ortiz se sientan ante la jueza: el acuerdo que evitaría el juicio oral

El exintendente de Las Heras Daniel Orozco y su esposa, Janina Ortiz, tienen fecha para la audiencia de juicio abreviado que podría definir su situación judicial por el presunto desvío de más de $35 millones en servicios de limpieza. La cita será el 20 de octubre a las 14 en la sala 18 del Polo Judicial de Mendoza.

El tribunal, encabezado por la jueza Marina Martín, deberá homologar el acuerdo alcanzado con el fiscal Juan Tichelli. Si se aprueba, los acusados evitarán el juicio oral y público.

De qué se los acusa

La investigación apunta al destino de $35.511.386,14 que la Municipalidad de Las Heras transfirió a la cooperativa Manos a la Obra. Según la hipótesis fiscal, entre 2021 y 2023 se habrían direccionado licitaciones y contrataciones para pagar trabajos de limpieza de calles y espacios públicos que no se realizaron en las condiciones acordadas.

El expediente detectó cuatro casos: dos licitaciones y dos contrataciones directas. La acusación sostiene que se presentaron planillas para certificar los servicios con trabajadores que, en su mayoría, no pertenecían a la cooperativa y que, en algunos casos, se habrían utilizado nombres y firmas falsas. El monto investigado equivalía en aquel momento a unos 200.000 dólares.

La causa comenzó a mediados de 2024 con la imputación de funcionarios municipales y particulares. Tras distintos planteos judiciales, el pasado 22 de septiembre se confirmó la elevación a juicio por presunto peculado doloso, una figura vinculada al uso o apropiación indebida de fondos públicos.

Qué implica el juicio abreviado

La propuesta establece para Orozco y Ortiz una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Si el tribunal homologa el acuerdo, no se realizará el debate oral en el que podrían exponerse testimonios, declaraciones de los acusados y otras pruebas de la investigación.

Además, el acuerdo tendría consecuencias para Janina Ortiz en otra causa en la que está imputada por presuntas amenazas coactivas. En ese expediente, se la acusa de haber presionado a una empleada municipal para que mantuviera relaciones sexuales con un funcionario y lo grabara, bajo la amenaza de despedirla si no cumplía. El alcance de lo acordado deberá quedar establecido en la resolución judicial correspondiente.

Los otros imputados

El expediente también involucra a otros cinco acusados que, según la información disponible, todavía no solicitaron un juicio abreviado y enfrentan posibles penas de prisión por el presunto desvío de fondos públicos.

Entre ellos se encuentran Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales de Las Heras; Juan Pablo Pandolfi, agente municipal y yerno de Oyhenart; Matías Mostaccio, exconcejal; Daniel Herrera, vinculado al área de Contaduría municipal; y Adrián “Moco” Pérez, un trabajador contratado que habría sido registrado como presidente de la cooperativa investigada.

La resolución que se adopte el próximo 20 de octubre será un paso clave en una causa que busca determinar las responsabilidades por el manejo de fondos públicos durante la gestión municipal de Daniel Orozco. La eventual homologación del acuerdo permitirá definir la situación judicial del exintendente y de Ortiz, mientras el proceso continuará respecto de los demás imputados.