Osuna cruzó el plan de ciudadanía por US$350.000 y apuntó a un negocio que ya avanza en la Patagonia

La diputada entrerriana Blanca Osuna salió al cruce del Programa de Ciudadanía por Inversión que anunció el Gobierno nacional y lo ató a un debate que la tiene preocupada: la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y el tratamiento del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados.

El mecanismo lo presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, este viernes en París, acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según la información oficial, el programa contempla un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de US$800.000 creado específicamente para esta iniciativa.

El Gobierno informó que las solicitudes se podrán presentar durante el cuarto trimestre de 2026 y que los postulantes deberán pasar controles de identidad, antecedentes, origen de fondos y transparencia financiera. La normativa vigente prevé además una agencia específica para gestionar estos programas.

El proyecto que impulsa el espacio de Osuna

En declaraciones a Diario Junio, la legisladora entrerriana sostuvo que la discusión debe mirarse en conjunto con otros cambios que empuja el Gobierno nacional y respaldó una iniciativa que busca prohibir la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, inversiones, aportes, donaciones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados.

"La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley. Ser argentino es pertenecer a una comunidad social, cultural y política, no adquirir un producto. La ciudadanía es un vínculo, no un servicio", plantea el texto que mencionó Osuna.

Según la diputada, legisladores de su espacio, entre ellos Agustín Rossi y Kelly Olmos, son los que impulsan esa propuesta.

El fallo de la Corte que reactivó el debate por las tierras

El planteo de Osuna llegó pocos días después de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada con el artículo 154 del DNU 70/23. El máximo tribunal dejó sin efecto un fallo que había impedido la aplicación de esa disposición, la que había derogado la Ley de Tierras Rurales.

Esa ley establecía límites a la titularidad extranjera sobre tierras rurales. Con el reciente fallo de la Corte, quedaron nuevamente vigentes los efectos de la derogación que había dispuesto el artículo 154 del DNU.

La causa la había iniciado el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Según la información difundida sobre el fallo, la Corte resolvió sobre la legitimación de la organización para promover la demanda y no sobre la constitucionalidad de fondo del artículo 154.

"Eligen la Patagonia, zonas de acuíferos, la Cordillera"

Al referirse a la propiedad extranjera, Osuna cuestionó especialmente la posibilidad de que se adquieran terrenos en regiones consideradas estratégicas del país.

"No eligen en el barrio de La Bianca de Concordia donde comprar. Eligen la Patagonia, zonas de acuíferos, zona de la Cordillera", afirmó la diputada entrerriana.

La legisladora también apuntó contra el fallo de la Corte y sostuvo que la decisión respecto del CECIM resulta particularmente relevante por tratarse de una organización integrada por excombatientes de Malvinas. "Es una cosa tremenda porque justamente es negarles a quienes fueron combatientes", manifestó.

Sesión especial y pulseada en Diputados

En este contexto, distintos bloques opositores pidieron una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, con una agenda que incluye el rechazo del DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.Osuna explicó que el pedido fue impulsado por bloques como Unión por la Patria, Compromiso Federal, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda. La realización de la sesión dependerá de que se alcance el quórum reglamentario necesario para iniciar el debate.

El DNU 70/23 ya fue rechazado por el Senado, mientras que todavía resta el tratamiento en Diputados. Si ambas cámaras rechazan un decreto de necesidad y urgencia, el mecanismo previsto por la Ley 26.122 establece su derogación.

Discapacidad y deudas familiares, los otros ejes

La agenda de la sesión también contempla la extensión de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fines de este año, según explicó Osuna.

El otro eje será el endeudamiento familiar. La diputada señaló que se busca establecer límites a los intereses aplicados sobre determinadas deudas y tarjetas de crédito de entidades bancarias y no bancarias.

"La sociedad vive una crisis muy profunda respecto de la caída del poder adquisitivo de los salarios y de muchas familias que no llegan a fin de mes", sostuvo Osuna, quien vinculó esa situación con la necesidad de que numerosos hogares recurran al crédito para cubrir gastos cotidianos.

La legisladora sostuvo que los bloques que impulsan la sesión consideran que actualmente cuentan con los números necesarios para intentar avanzar con los proyectos, aunque reconoció que se trata de una mayoría ajustada.

"Hoy contamos con esa mayoría. Es realmente ajustada", afirmó, al referirse a la composición de la Cámara y a las posibilidades de avanzar con el tratamiento del DNU.

El debate parlamentario pondrá nuevamente bajo análisis el alcance del decreto, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar, mientras que la discusión sobre la propiedad extranjera de tierras quedó reactivada por la reciente decisión de la Corte Suprema.