Otra vez sin respuesta de Vidal: la Policía de Santa Cruz juega su última carta

La mesa de retirados y pensionados lleva nueve meses reclamando un aumento que el gobierno provincial no termina de otorgar. Ahora, desde la Mesa de Retirados de la Policía y Penitenciaria (MUP) advierten que la vía judicial empieza a tomar fuerza como salida al conflicto.

"Estamos en vías de judicializar esta falta de respuesta", lanzó Ramón Quipildor, excomisario asesor de la MUP, en diálogo con El Destape. El número que dimensiona el reclamo: son 2.500 los policías retirados afectados por la falta de actualización salarial.

La paciencia del sector está agotada. "Estamos indignados, nos cansamos de entregar notas al gobernador y al Ministerio de Seguridad y nadie nos responde", disparó Quipildor, que también apuntó contra los funcionarios de la Jefatura de Policía por la misma falta de respuestas.

El aumento que no conformó a nadie

El gobierno de Claudio Vidal fijó un incremento que, según el referente de los retirados, fue "arbitrariamente" dispuesto. La diferencia entre activos y pasivos encendió la mecha: mientras los trabajadores en actividad recibieron un porcentaje mayor, los jubilados y pensionados cobraron un monto de $300.000 que el sector considera "totalmente insuficiente".

La disconformidad no es exclusiva de los retirados. Quipildor remarcó que los activos tampoco están satisfechos con la suma impuesta, y por eso la lucha se sostiene de manera conjunta entre ambos grupos.

El petitorio del sector es concreto: una cifra remunerativa de $400.000 para los retirados y un aumento del valor punto a $4.400 que alcance a policías activos, retirados y pensionados por igual.

El acampe que sigue firme frente a la Casa de Gobierno

El conflicto más duro estalló el 23 de mayo, cuando policías autoconvocados armaron un acampe frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos. La demanda por la apertura de la mesa salarial había arrancado en febrero, pero la falta de respuestas durante cuatro meses derivó en la medida de fuerza.

La carpa sigue en pie y no piensan desarmarla. "La carpa sigue armada y se dejó bien claro que no se va a desarmar, primero que nos cancelen esta deuda, porque el acuerdo con los activos fue en julio, así que ya no deberían dos meses con el aumento que nos correspondería", sostuvo Quipildor.

La promesa de octubre y la esperanza que persiste

Cuando se cerró el primer acuerdo a fines de julio, la provincia aseguró que en octubre se reabriría la mesa de diálogo a través del Consejo del Salario para revisar el esquema salarial de pasivos y jubilados. Sin embargo, desde el sector de retirados y pensionados denuncian que durante estos dos meses no fueron escuchados.

En esos encuentros, que comenzarían a partir del 20 de octubre, los representantes de las fuerzas exigirían el aumento del valor punto para todos los trabajadores y extrabajadores.

Quipildor también reveló un dato que generó ruido: el ministro de Seguridad, Javier Pedro Pródromos, les comunicó a los referentes autoconvocados de Caleta Olivia que los pasivos no deberían sentarse en esa mesa de octubre, aunque finalmente les permitirían participar. "Es por eso que pese al malestar, tenemos algo de esperanza", reconoció.

Y agregó cuáles son las expectativas del sector: "Queremos que arreglen este problema, que nos empiecen a pagar este aumento. Y si hay un aumento más para los que están en actividad, que también impacte en nosotros los jubilados".

Qué es el "valor punto" que reclaman

El corazón del reclamo policial es el valor punto, la unidad de medida técnica y el índice numérico básico sobre el cual se calcula el sueldo básico de cada efectivo. En lugar de un sueldo básico estático, la estructura de haberes de la fuerza se organiza multiplicando una cantidad de puntos asignada según la jerarquía o el cargo.

"Para un agente realmente es muy importante el valor punto y hoy en día está a $3.000", explicó Quipildor. Ese valor se multiplica según las características de cada haber: antigüedad, puesto y la zona de Santa Cruz donde cada efectivo cumple funciones.

Cronología de un conflicto que no cede

El primer capítulo se escribió a comienzos de febrero, cuando integrantes autoconvocados de la Policía y del Servicio Penitenciario presentaron un petitorio en Río Gallegos pidiendo la apertura urgente de una mesa de diálogo para negociar mejoras salariales.

En ese documento, fechado el 8 de febrero, los efectivos expusieron una realidad financiera crítica: según el personal policial, entre 2024 y 2026 sus haberes cayeron un 67%, un desfasaje que dejó a gran parte de los trabajadores con sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica.

Las demandas principales incluyen un haber neto básico de 3,8 millones de pesos para la categoría inicial, la liquidación de viáticos al 100% (hoy perciben solo la mitad) y la incorporación de un plus por insalubridad, argumentando el desgaste psicológico constante, los altos niveles de estrés y el riesgo físico permanente que implica la labor.

Ante la imposibilidad de dialogar con el gobierno provincial, los agentes montaron el acampo. En medio de la tensión, Vidal denunció penalmente a todos los autoconvocados. La demanda judicial presentada en junio fue por supuesta "obstaculización" y "amenazas" contra empleados y funcionarios que ingresan a la Casa de Gobierno, a días de que se instalara el acampe en el mismo predio. Por esa razón, el acampe debió mudarse de lugar.

En julio, el mandatario provincial impuso una suma remunerativa para activos y pasivos, pero la disconformidad siguió y por eso insisten en la necesidad de dialogar. Desde el sector denuncian que las decisiones deben acordarse entre ambas partes. "Vidal es un hipócrita. Solo quiere dilatar el conflicto", había dicho Quipildor a El Destape cuando se le consultó sobre la denuncia y la suma salarial impuesta en junio.