Otro escándalo sacude al MPA: ya son diez los fiscales bajo la lupa por corrupción
El Ministerio Público de la Acusación suma otro capítulo escandaloso: ya son diez los fiscales involucrados en causas por corrupción e irregularidades. Lo que destapó el último caso y por qué preocupa a toda la provincia.
La justicia santafesina volvió a temblar. En las últimas horas, dos nuevos casos sacudieron al Ministerio Público de la Acusación (MPA): la destitución del fiscal de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, y el arresto del exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho. Con estas causas, ya son al menos diez los funcionarios o exintegrantes del cuerpo de fiscales salpicados por imputaciones, remociones o condenas desde que se implementó el nuevo sistema procesal penal en la provincia.
Rodríguez y Barros fue desplazado por la Legislatura después de que se descubriera que simuló el robo de las cubiertas de su propio auto para cobrar el seguro. Además, ingresó de forma no autorizada al sistema informático Heimdall del MPA para intervenir en causas personales.
Por su parte, Ríos Artacho, exfiscal rosarino, está detenido e imputado como presunto jefe de una maniobra para desviar más de 400 millones de pesos de cuentas bancarias judiciales. Según la investigación, el dinero habría sido utilizado para saldar deudas personales vinculadas a la ludopatía y a negocios paralelos entre 2017 y 2024.
“No tolera ni tolerará corrupción”: la postura de la Fiscalía General
Tras la detención e imputación de Ríos Artacho, la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, salió a dar la cara. Reconoció sentirse “institucionalmente defraudada” por el accionar atribuido a exfuncionarios del organismo, pero enfatizó que las investigaciones en curso demuestran que el sistema de control interno está funcionando.
“El MPA no tolera ni tolerará corrupción en sus filas. Que sea el propio Ministerio Público el que investiga, persigue e imputa a quienes habiendo sido fiscales cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones es una muestra de transparencia institucional y de que las instituciones funcionan sin privilegios”, sostuvo la jefa de los fiscales santafesinos.
Un repaso causa por causa
Los expedientes que involucran a miembros de la Fiscalía abarcan desde esquemas orgánicos de corrupción e impunidad hasta el uso de herramientas informáticas y escuchas ilegales. Estos son los casos más resonantes:
Patricio Serjal (Rosario): El ex fiscal regional de Rosario fue condenado a 9 años de prisión por cobrar sobornos e integrar un esquema de protección al empresario del juego clandestino Leonardo Peiti.
Gustavo Ponce Asahad (Rosario): Ex fiscal adjunto condenado a 3 años de prisión por su participación en la misma trama de corrupción, tras acogerse a la figura de arrepentido.
Mariano Ríos Artacho (Rosario): Detenido e imputado recientemente como presunto jefe de la maniobra de desvío de más de 400 millones de pesos.
Diego Rodríguez y Barros (San Jorge): Destituido en sesión conjunta de la Legislatura tras fraguar el robo de sus neumáticos e ingresar ilegalmente al sistema Heimdall.
Fernando Rodrigo (Rosario): Condenado a 3 años de ejecución condicional tras comprobarse que ordenó escuchas telefónicas ilegales contra su expareja y su entorno, interconectando sus líneas en expedientes judiciales en trámite.
Mauro Blanco (Venado Tuerto): Removido de su cargo y bajo prisión domiciliaria por presuntos vínculos informales con investigados por narcotráfico e irregularidades patrimoniales.
Rodrigo González (Reconquista): Condenado a 3 años de prisión condicional en las derivaciones de la causa por juego ilegal en el norte provincial.
Matías Edery (Rosario): Suspendido en 2024 tras ser imputado por presunto encubrimiento e irregularidades en el manejo de una informante.
Leandro Benegas (Vera): Imputado en una causa por abuso sexual; afronta el proceso penal bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.
Melisa Serena (San Lorenzo): Imputada en 2021 por conversaciones ligadas a la red de juego ilegal; su legajo penal terminó archivado en 2023 y continúa en funciones.
Controles internos y sanciones disciplinarias
Más allá de los estrados penales, desde la Auditoría General de Gestión del MPA se aplicaron en los últimos años más de 15 sanciones disciplinarias —que van desde suspensiones de haberes hasta aperturas de sumarios graves— a fiscales de distintas circunscripciones por faltas éticas, administrativas o inactividad injustificada en el trámite de legajos judiciales.
