Otro geriátrico clausurado en Santa Fe: alojaba a 11 ancianos y es de la mujer detenida por Nuevo Horizonte

La Municipalidad de Santa Fe clausuró preventivamente un geriátrico en Diez de Andino al 5800, en Cabaña Leiva, al confirmar que funcionaba sin habilitación municipal. El lugar pertenece a la misma mujer que está imputada y detenida por el caso del geriátrico clandestino de Nuevo Horizonte.

La medida se formalizó mediante la Resolución Municipal N.º 3226 del 3 de septiembre, después de una nueva inspección en el establecimiento. La residencia ya había sido allanada el 30 de julio por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de las actuaciones que se iniciaron tras el descubrimiento del geriátrico ilegal en barrio Nuevo Horizonte. En ese procedimiento se secuestró documentación de interés para la causa.

Qué pasará con los 11 adultos mayores

Actualmente, 11 personas mayores permanecen alojadas en el lugar. Desde el Municipio aclararon que la clausura corresponde al ámbito del control comercial y no implica su desalojo ni la interrupción de la atención.

Por el momento, los residentes continuarán en el establecimiento mientras se analiza cada caso y se define qué alternativa corresponde. La medida fue comunicada al Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Adultos Mayores, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la seccional policial correspondiente, que deberán intervenir en la evaluación.

En paralelo, la residencia no podrá recibir nuevos adultos mayores, celebrar contratos ni ofrecer o publicitar el servicio.

Una clausura vinculada al caso de Nuevo Horizonte

La situación de Cabaña Leiva quedó bajo revisión después del incendio ocurrido el 29 de julio en Gollán al 10.100, donde se descubrió que siete personas mayores permanecían en una residencia que funcionaba sin habilitación.

La investigación judicial por ese episodio tiene como imputada y detenida a la mujer vinculada con ese establecimiento y propietaria de la residencia clausurada en Cabaña Leiva. Tras el allanamiento del segundo inmueble, el Municipio constató que tampoco contaba con habilitación y otorgó un plazo para regularizar la situación. Como no se cumplió con la intimación, se dispuso la clausura preventiva.

El interrogante que queda abierto

La clausura pone ahora el foco en la situación de los 11 residentes, que por el momento seguirán en el lugar mientras los organismos provinciales y judiciales analizan sus condiciones y las alternativas disponibles.

La principal cuestión pendiente es determinar si podrán permanecer allí o deberán ser trasladados a otros establecimientos, garantizando en cualquier caso la continuidad de sus cuidados.