Padres de colegios preuniversitarios de la UNSJ juntan $3 millones para ir a la Justicia por los paros

Un grupo de padres autoconvocados de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanza en una presentación judicial para reclamar por la continuidad de los paros que, aseguran, ya les hicieron perder más de 30 días de clases a sus hijos.

Tras reunir unos 3 millones de pesos aportados por las propias familias, los padres dieron un paso clave: contrataron un estudio jurídico y ahora trabajan en la recopilación de documentación que respalde una futura demanda. La decisión llega después de meses de reclamos sin respuestas concretas, según relataron.

Verónica Figueroa, integrante del grupo de padres autoconvocados, explicó a Diario de Cuyo que las conversaciones para iniciar acciones legales habían comenzado tiempo atrás, pero se frenaron en junio, cuando hubo un principio de acuerdo entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. “Ahí dijimos que no tenía sentido avanzar con presentaciones legales. Luego de las vacaciones volvieron los paros y esto afecta directamente a los chicos”, apuntó.

El reclamo no es nuevo: viene desde abril y mayo, cuando las medidas de fuerza se intensificaron hasta alcanzar semanas completas sin clases. Los padres sostienen que el acceso a la educación debe ser garantizado como un derecho esencial, y remarcan que en los colegios preuniversitarios hay alumnos de nivel medio, muchos de ellos menores de edad, una situación distinta a la de los estudiantes de las facultades.

El aporte de las familias

El dinero para afrontar el trámite judicial fue reunido en apenas 24 horas. Según Figueroa, unos 250 padres realizaron contribuciones que fueron desde los $10.000 hasta los $30.000, alcanzando un total cercano a los 3 millones de pesos. En total, son unos 600 padres de los tres colegios preuniversitarios de San Juan los que se unieron en este reclamo.

“Fue un aporte significativo. No recibimos ayuda de otra arista que no sean los padres y las familias que son parte de la comunidad educativa”, sostuvo Figueroa. El dinero fue recibido directamente por el estudio jurídico que asumió la representación legal, por lo que las familias no tienen injerencia en su administración.

Qué opciones judiciales se evalúan

El estudio integrado por los abogados Mariano Domínguez y su socio, Saavedra, analiza dos vías posibles: la presentación de un amparo o el inicio de una acción contencioso-administrativa. “Había dos acciones posibles”, explicó Figueroa, quien agregó que el momento para avanzar dependerá de la estrategia que determinen los letrados y de la evolución de las medidas de fuerza.

Como los colegios preuniversitarios dependen de la UNSJ, una institución autónoma, la eventual presentación debería tramitar exclusivamente en el Juzgado Federal. Los abogados descartaron la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia por una cuestión de competencia, y señalaron que la Defensoría del Pueblo de la Nación no cuenta actualmente con un titular designado con legitimación para impulsar una acción de este tipo.

De esta manera, la posibilidad de accionar judicialmente quedaría en manos de los propios padres, que tendrían la legitimación para impulsar directamente el reclamo.

“No vemos una salida posible”

Detrás de la decisión de preparar una acción judicial hay, según las familias, meses de intentos por encontrar respuestas a través del diálogo. Figueroa describió el proceso como “doloroso, triste y desalentador” y aseguró que durante el año buscaron distintos canales para plantear la preocupación por la pérdida de clases.

Pese a los intentos por acercarse a las autoridades universitarias, Figueroa afirmó que no recibieron respuestas a sus requerimientos. También cuestionó el resultado de un encuentro con representantes gremiales: “La primera y una vez que nos citaron los gremios, en lugar de buscar la solución planteaban que nos apoyáramos en las medidas de huelga”.

Uno de los principales cuestionamientos de los padres está vinculado con la falta de información sobre cómo se recuperarán los contenidos afectados por los paros. “Hoy no vemos una salida posible, no tenemos un plan de contingencia, no tenemos un plan anual del contenido de cada asignatura. Hablan de contenidos, pero no nos informan nada”, cuestionó Figueroa.

Con la documentación reunida, los fondos aportados por las familias y la estrategia jurídica todavía en estudio, los padres autoconvocados se preparan ahora para una nueva etapa de su reclamo.