Pagaban hasta US$40.000 por una green card: cómo funcionaba la red de bodas falsas que invirtió en República Dominicana

Seis personas fueron acusadas en Massachusetts por una presunta organización que concertaba matrimonios ficticios entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros para facilitar la obtención de la residencia permanente. La investigación, difundida por la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, apunta a una estructura que operó durante más de una década, cobraba decenas de miles de dólares por enlace y destinaba parte de las ganancias a inversiones inmobiliarias y comerciales en República Dominicana.

Quiénes están acusados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado del miércoles 21 de octubre que seis personas fueron imputadas por su presunta participación en la organización. Se trata de Jennifer Gonzalez, de 43 años; Erica Daniels, de 29; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31; y Jaylin Hill, de 26.

Según la acusación, Gonzalez habría estado al frente del negocio durante más de diez años y habría obtenido millones de dólares. Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todos ciudadanos estadounidenses, presuntamente aceptaban contraer matrimonios ficticios a cambio de dinero, mientras que Pugh habría cumplido funciones de secretaria.

El modus operandi: tarifas altas y apariencia de relación real

Los documentos judiciales describen una empresa informal en la que extranjeros pagaban para que se les organizara un casamiento con un ciudadano estadounidense. Una vez acordado el enlace, la presunta responsable abonaba a quienes aceptaban participar como cónyuges, y los clientes utilizaban el matrimonio para respaldar sus solicitudes de beneficios migratorios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

La investigación estima que la organización concertaba entre 18 y 20 matrimonios ficticios por año. Cada uno costaba entre US$38.000 y US$40.000, lo que habría permitido a Gonzalez reunir cientos de miles de dólares anuales durante al menos una década.

Para sostener la farsa, Gonzalez habría instruido a sus clientes sobre cómo construir una apariencia de relación auténtica. Entre las prácticas que presuntamente recomendaba estaban abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar pólizas de seguro de vida como respaldo documental, tomarse fotografías juntos —incluidas selfis—, conservar imágenes de las bodas y de actividades sociales compartidas, y preparar la documentación necesaria antes de presentar las solicitudes ante el Uscis.

Los documentos también mencionan un episodio grabado en audio y video en el que Gonzalez habría indicado cómo imprimir y firmar un contrato presentado como un préstamo, y habría recibido un anticipo de US$3000 en efectivo para organizar un matrimonio ficticio.

Las inversiones en República Dominicana y el pedido de detención

En una moción presentada el 21 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, la fiscalía solicitó que Gonzalez permaneciera detenida mientras avanza el proceso. El documento sostiene que la acusada dispondría de recursos económicos considerables y mantendría vínculos con República Dominicana, lo que, a juicio del Gobierno, aumentaría el riesgo de que abandonara el país para evitar ser juzgada.

La presentación judicial también describe las presuntas inversiones de Gonzalez en el país caribeño. En una conversación grabada con un testigo colaborador, la mujer habría explicado que tenía negocios dedicados al abastecimiento de pequeñas tiendas y comercios de barrio, y que destinaba el dinero que le sobraba a comprar nuevas propiedades y terrenos. Según los documentos, se refería a República Dominicana como su lugar de pertenencia.