Pagan $4.000 millones por vigilancia en el puerto mientras los guardias que ya tenía siguen sin trabajar

La Administración Nacional del Puerto de Ushuaia avanza con una licitación para contratar vigilancia privada por doce meses, mientras los agentes provinciales que hacían esas tareas en la terminal siguen apartados de sus puestos. Los trabajadores denuncian que se destinan fondos nuevos a funciones que ya cubría personal capacitado de la Dirección Provincial de Puertos.

La convocatoria es la licitación pública 15/2026 de la Administración General de Puertos (AGP), con apertura de ofertas prevista para el 11 de noviembre. El monto que desató el reclamo es el presupuesto oficial del llamado, que ronda los 4.000 millones de pesos para un año de servicio. Desde el organismo aclaran que la empresa todavía debe elegirse entre las ofertas que se presenten: no hay contrato adjudicado.

La comparación que encendió la polémica

Valeria Barría, trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos, puso las cifras en contexto. El organismo provincial había firmado en noviembre de 2025 un contrato con la firma Bushi-Do por unos 40 millones de pesos anuales. La diferencia con el presupuesto oficial de la licitación nacional es la que calificó como una “licitación escandalosa”.

“Es una cifra extraordinaria que no está dentro de los números que se venían manejando dentro de la Dirección Provincial del Puerto”, sostuvo Barría.

Qué tareas cubría el personal de planta

Según la trabajadora, el esquema provincial combinaba el servicio privado con tareas de control y supervisión a cargo de empleados de planta. Ese personal tiene preparación específica para moverse dentro de las instalaciones.

“El personal de seguridad que siempre estuvo ejerciendo esas tareas de control, supervisión y de seguridad en las instalaciones portuarias es personal verificado y certificado por todas las normas internacionales”, afirmó.

Barría describió tres puestos clave: el acceso principal, el sector de catamaranes y el centro de monitoreo. Antes, cada uno se cubría con dos personas por turno. A eso se sumó, según indicó, la contratación de servicios adicionales de Prefectura Naval por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para reforzar los controles.

Salarios que se pagan sin trabajo a cambio

El cuestionamiento central de Barría apunta a que la Provincia sigue pagando los sueldos del personal desplazado mientras la intervención contrata a otros prestadores para las mismas funciones. Para la trabajadora, se destinan recursos nuevos a tareas que la DPP podía resolver con sus propios agentes, a quienes no se les permite volver a la actividad.

La crítica también abarcó las incorporaciones en otras áreas de la terminal. “Sabemos también que han contratado y están contratando dotación de personal que viene desde afuera, desde otros puertos. Están contratando personal o gente de la ciudad para hacer las mismas tareas que el personal de planta las veníamos realizando”, aseguró.

Un año de servicio que excede la intervención

El plazo de doce meses del servicio licitado se extendería más allá de enero de 2027, cuando vence el período inicial de la intervención nacional. Barría recordó que la resolución que dispuso la medida contempla una prórroga y que el conflicto sigue abierto en la Justicia.

“Estamos muy expectantes a lo que pueda llegar a resolver la Justicia sobre este tema”, dijo.

Defensas usadas y obras sin control ambiental

Sobre el recambio de las 75 defensas del muelle, la trabajadora aseguró que las piezas que se están colocando provienen del puerto de Río Grande y estaban en desuso. La firma adjudicataria es Concret Nor, pero las defensas nuevas todavía no llegaron.

“Ellos están instalando esas defensas en desuso porque todavía no han llegado las defensas de esta empresa que había ganado el proceso licitatorio”, afirmó.

Barría también denunció que se impide el ingreso de inspectores provinciales de Ambiente mientras se ejecutan trabajos en el canal Beagle. Sostuvo que las intervenciones sobre el muelle deben contar con la evaluación ambiental correspondiente y vinculó el reclamo con las advertencias de la Asociación Manekenk. Exigió que las obras cumplan “con la normativa y la legislación vigente”.

Expedientes abiertos y una demanda por fueros gremiales

El conflicto se dirime en varios expedientes judiciales. Barría puso especial expectativa en una demanda por fueros gremiales que un grupo de trabajadoras tramita ante el juez federal Federico Calvete.

“Tenemos muchas expectativas que eso pueda llegar a un buen puerto, así por decirlo, que tenga una resolución favorable para las trabajadoras que han iniciado esa demanda”, manifestó.

Además, reclamó respuestas a las presentaciones que impulsaron la Provincia y los trabajadores contra la intervención. A nueve meses de la medida, insistió en que esperan fallos favorables para “que podamos recuperar el puerto”, con la administración restituida a Tierra del Fuego.