Pagan la luz con la tarjeta y el dato que admitió el Banco Central pone en alerta a los defensores del Pueblo

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) pidió al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía que revisen de urgencia la política tarifaria de los servicios públicos, con especial foco en la electricidad, y que esos ajustes se definan mirando cuánto puede pagar cada hogar.

El reclamo no salió de la nada: se apoya en relevamientos de las distintas defensorías del país y en datos públicos que muestran cómo el peso de las facturas ya está condicionando el consumo familiar, el uso del crédito para cubrir gastos corrientes y el aumento de la morosidad en los préstamos personales.

El dato del Banco Central que encendió la alarma

Según cifras del Banco Central de la República Argentina, la morosidad de los préstamos a las familias llegó al 12,9 por ciento en julio de 2026. Es más del doble que un año antes y el registro más alto en más de dos décadas.

Cerca de 5,9 millones de personas tienen deudas en situación irregular. Y el financiamiento con tarjetas de crédito y préstamos personales se está usando cada vez más para pagar alimentos y servicios públicos, una señal que la entidad considera central a la hora de fijar parámetros tarifarios.

Para ADPRA, los indicadores de endeudamiento y las dificultades para cubrir necesidades básicas tienen que pesar cuando se definen los aumentos. La entidad sostiene que hay que evaluar cómo inciden esas subas sobre los ingresos disponibles y sobre la posibilidad real de los usuarios de sostener sus consumos elementales.

Qué compone la factura de luz

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, explicó que el importe final de la boleta eléctrica se arma con cuatro componentes que definen autoridades distintas.

El costo de abastecimiento es el precio de la energía y la potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, que la Secretaría de Energía establece cada trimestre según la programación de CAMMESA. El transporte remunera las redes de alta tensión y la distribución troncal. La distribución cubre operación, mantenimiento, personal y costos operativos de las empresas distribuidoras. Y los tributos y cargos incluyen impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de conceptos específicos.

De acuerdo con los relevamientos de las Defensorías del Pueblo, la distribución representa alrededor del 20 por ciento del importe facturado.

Gialluca marcó una particularidad de Formosa: los usuarios de la distribuidora REFSA no pagan impuestos provinciales ni tasas municipales en la boleta de electricidad, aunque sí abonan el IVA, que es nacional. El funcionario subrayó que el mayor peso hoy está en los costos de generación y transporte, que juntos explican cerca del 80 por ciento.

Esos valores los determina el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, por lo que Gialluca consideró necesario aclarar la composición del servicio frente a las interpretaciones que atribuyó a distintos sectores políticos locales y nacionales.

Lo que las provincias no pueden tocar

El pronunciamiento remarcó que abastecimiento y transporte son los principales componentes del servicio y que sus incrementos se trasladan de forma directa a las facturas de los usuarios de todas las jurisdicciones.

Como se trata de valores definidos en el ámbito nacional, los entes reguladores provinciales y las distribuidoras no tienen facultades para modificarlos. La revisión de esos componentes, entonces, queda en manos del Estado nacional.

ADPRA también advirtió sobre la dificultad para saber de antemano cuánto va a venir la factura: los precios mayoristas se actualizan por resoluciones trimestrales y las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados se modifican por resoluciones mensuales.

Para julio y agosto de 2026, la bonificación de ese régimen se fijó en 16,59 por ciento sobre un consumo de 300 kilovatios hora.

La entidad cuestionó además que las pautas para trasladar costos a las tarifas se comuniquen mediante notas del Ministerio de Economía que no se publican en el Boletín Oficial. Según su planteo, esa modalidad impide que los usuarios conozcan con anticipación los valores que deberán afrontar y que distingan qué parte del aumento responde a cambios en los componentes tarifarios y cuál a una reducción de los subsidios.

Por eso reclamó mayor transparencia, información pública accesible y facturas que permitan identificar cada concepto.

Zona Fría: los hogares que podrían perder el beneficio

El documento también abordó los cambios en el régimen de Zona Fría que estableció la Ley N.º 27.828, publicada en el Boletín Oficial el 13 de octubre de 2026.

Según el pronunciamiento, la norma deja sin efecto la ampliación del beneficio dispuesta en 2021 y ata su continuidad en esas localidades a que los usuarios se incorporen al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Las estimaciones citadas indican que 3,35 millones de hogares podrían perder la bonificación, de los cuales 1,24 millones están en la provincia de Buenos Aires. Cálculos del IERAL para Bahía Blanca señalan que la factura de gas de un usuario que deje de recibir el beneficio podría duplicarse.

ADPRA vinculó la reducción de los subsidios energéticos con los objetivos fiscales del Gobierno nacional y advirtió que, según su evaluación, ese proceso avanza sin una valoración pública suficiente de sus efectos sobre los ingresos familiares, el endeudamiento y el consumo de bienes esenciales.

El Decreto N.º 943/2025 indica que los subsidios energéticos pasaron del 1,42 por ciento del producto interno bruto en 2023 al 0,60 por ciento en 2025.

Frente a ese escenario, la asociación recordó que el artículo 42 de la Constitución Nacional protege los intereses económicos de los usuarios y les garantiza el derecho a recibir información adecuada y veraz, principios que considera centrales para definir y comunicar las tarifas de los servicios públicos.

Qué le pidieron al Gobierno

Entre sus solicitudes, ADPRA reclamó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía que revisen los precios mayoristas de la energía y la potencia, junto con los cargos de transporte, con criterios de gradualidad que contemplen la capacidad de pago de los hogares y la dependencia de la electricidad en las regiones sin acceso al gas por redes.

También pidió publicar en el Boletín Oficial, antes de cada período de aplicación, los valores de los componentes nacionales, las bonificaciones vigentes, el esquema de actualizaciones previsto para lo que resta de 2026 y para 2027, y sus fundamentos técnicos.

Además, propuso establecer una factura uniforme que discrimine energía, transporte, distribución, subsidios y tributos; difundir información provincial desagregada sobre beneficiarios, exclusiones, bonificaciones y recursos transferidos; y evaluar la ampliación del consumo base subsidiado hasta 1.000 kilovatios hora mensuales durante los meses de altas temperaturas en el Norte Argentino.

Las Defensorías del Pueblo que integran ADPRA pusieron a disposición de las autoridades nacionales la información sobre los reclamos registrados en sus respectivas jurisdicciones.