Pagan salarios con cuentas bloqueadas: la advertencia de las pymes misioneras sobre los embargos de Arca

Las pequeñas y medianas empresas de Misiones atraviesan un momento crítico. Los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) les inmovilizan las cuentas bancarias y, según advirtieron las cámaras empresariales, ponen en riesgo el pago de salarios, la continuidad de las operaciones y la posibilidad misma de regularizar las deudas que originaron el reclamo.

La Asociación de Productores y Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom) y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) pidieron cambios en los procedimientos del organismo recaudador y alternativas que permitan a las firmas cumplir con el fisco sin quedar paralizadas financieramente.

“Los embargos nos están destruyendo”

El presidente de Apicofom, Guillermo Fachinello, fue frontal al describir el impacto de la política de embargos. Aseguró que golpea con fuerza a la forestoindustria, aunque el problema se extiende a otras actividades productivas de la provincia.

“Los embargos nos están destruyendo, después está el problema de que tardan mucho en levantarlos y la voracidad que tienen”, afirmó el dirigente.

Fachinello contó que en sus recorridas por Misiones se topó con numerosas empresas y productores que recibieron requerimientos de Arca. El contexto, dijo, es doblemente complejo: al peso de los embargos se suman el costo de la energía y la caída de la actividad.

Su par de la CCIP, Federico Panozzo, explicó que la entidad ya movió ficha ante el organismo. “Hace un mes presentamos en Arca una solicitud para reunirnos y explicar la preocupación que hay entre comerciantes por los embargos. No tenemos números exactos de afectación, pero hay muchas consultas sobre qué hacer cuando llega un embargo”, señaló.

El avance de los embargos a nivel nacional

Los datos del propio organismo reflejan una escalada. Entre enero y agosto, Arca trabó 135.744 medidas de embargo sobre empresas, un 52% más que en el mismo período de 2025. Más de ocho de cada diez recayeron sobre microempresas, las que menos espalda tienen para sostener la actividad con fondos inmovilizados.

El resto de la cadena de pagos muestra la misma tensión. En agosto se rechazaron 82.050 cheques por falta de fondos, por más de $283.000 millones. Fueron menos que en julio, pero todavía un 14,4% por encima de un año atrás.

La mora bancaria de las empresas trepó del 2,7% del crédito en noviembre de 2023 al 3,6% en julio de 2026, un aumento del 33%. En las familias el salto es aún mayor: la proporción de crédito irregular pasó del 2,7% al 12,9%, casi cinco veces más. Con esa presión sobre la cadena de pagos, sostener la actividad y recuperar el consumo se vuelve cuesta arriba, y el panorama no ayuda ni a la inversión ni al crédito.

Cuentas bloqueadas, sueldos en la cuerda floja

El núcleo del problema que describen ambos dirigentes es simple: cuando la cuenta queda embargada, la empresa no puede disponer del dinero que necesita para funcionar todos los días. Muchas pymes se financian con sus cuentas corrientes, el descuento de cheques y lo que ingresan por ventas. Si esos recursos se inmovilizan, se corta el circuito de pagos y cobranza, y el golpe llega directo a proveedores, servicios y trabajadores.

“Cuando te embargan la cuenta, hasta te cuesta o te imposibilita hacer una liquidación de un personal”, advirtió Fachinello.

El titular de Apicofom detalló otras situaciones igual de críticas: empresas que no pueden liberar cheques destinados a pagar la energía o que tienen fondos disponibles para cancelar las mismas obligaciones fiscales que originaron el reclamo, pero no pueden usarlos. También puede ocurrir que una firma tenga dinero suficiente en una cuenta para afrontar la deuda, pero el embargo alcance a otras cuentas operativas.

Panozzo puso el foco en el efecto dominó que se produce cuando caen los planes de pago y llega un nuevo bloqueo bancario. “Este agobio que tienen, la caída de los planes de pago que tienen y seguido a ello la traba con un embargo en cuenta operativa, complica mucho más la situación porque no se puede pagar la deuda, levantar los planes o cumplir con otros compromisos que también tienen como urgente, como por ejemplo el pago de haberes a los colaboradores”, sostuvo.

El titular de la CCIP remarcó que el sector viene reclamando por distintas vías un plan o una modificación en la forma de aplicar los procedimientos, para que una medida pensada para recuperar deudas no termine impidiendo que las empresas generen los recursos para pagarlas.

Levantar el embargo: trámite, abogados y días de espera

A las restricciones para operar se suman los costos legales y las demoras. Fachinello señaló que el levantamiento de un embargo no es inmediato: las empresas deben afrontar primero los honorarios de los abogados y los trámites correspondientes, un proceso que puede demandar varios días. En ese lapso, las firmas tienen que buscar alternativas de financiamiento para cumplir con sus compromisos, aun con sus recursos bloqueados.

El dirigente de Apicofom también cuestionó los requerimientos por obligaciones fiscales que se remontan a 2022, sobre todo cuando los intereses acumulados y los nuevos recargos elevan las deudas hasta volverlas difíciles de afrontar. Para él, las pymes familiares —muchas con dos o tres generaciones de actividad en Misiones— necesitan condiciones para seguir trabajando y ponerse al día con el fisco.

“No nos vamos a esconder a ningún lado. Creo que nos tienen que dar las posibilidades de seguir trabajando y pagar esta deuda. Es muy agresivo este sistema que están tomando”, expresó.

Fachinello consideró que el incremento de los embargos se hizo más visible en las últimas semanas, aunque aclaró que la tendencia venía creciendo desde comienzos de año.

La alerta por la informalidad

Otra de las preocupaciones que planteó el titular de Apicofom es que las restricciones para operar formalmente empujen a más empresas hacia la informalidad. Según advirtió, la falta de alternativas para sostener la actividad puede derivar en un crecimiento del trabajo precario, con consecuencias directas para los empleados, que pierden beneficios como el aguinaldo, las vacaciones y otras garantías del empleo registrado.

“Lo que vemos nosotros es la cantidad de gente que está mutando a la informalidad”, afirmó Fachinello, quien estimó que el fenómeno podría hacerse más evidente hacia fin de año. En ese marco, reclamó mayor acompañamiento político para atender las urgencias de las empresas y evitar que las dificultades financieras profundicen el deterioro de la actividad productiva y comercial.

Ambas entidades coinciden en la necesidad de revisar los mecanismos de cobro y ofrecer alternativas que permitan a las empresas cumplir con sus obligaciones sin quedar imposibilitadas de operar. El reclamo apunta a una salida que contemple la regularización de las deudas fiscales, la continuidad de los negocios, el pago de salarios y el sostenimiento del empleo formal.