Pagan sus terrenos en Cerrillos y no reciben nada: ahora apuntan a funcionarios
Escrituras, firmas bajo la lupa y una cifra que se multiplicó: lo que dejó el allanamiento en la escribanía de Cerrillos y por qué los damnificados ahora miran hacia adentro de los organismos.
La investigación por una presunta estafa inmobiliaria en Cerrillos sumó un capítulo decisivo: la Justicia allanó una escribanía de la calle General Güemes al 1100 para secuestrar escrituras originales y revisar si hubo falsificación de firmas en la venta irregular de un inmueble de más de seis hectáreas.
El procedimiento lo dispuso el juez de Garantías Jorge Musa a pedido de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, según consignó la fuente del caso. La causa avanza mientras varias familias siguen esperando una respuesta.
Quién representa a los damnificados
El abogado querellante Ricardo Belbruno confirmó en diálogo con El Once TV que patrocina a varias familias que pagaron por sus terrenos pero nunca obtuvieron la posesión legal. Además, anticipó que se vienen audiencias clave y apuntó tanto a particulares como a organismos administrativos.
"Hay varias familias en realidad que han sido estafadas, que han pagado y no se les cumplió, y probablemente también otra gente, incluso funcionarios", sostuvo el letrado.
El rol de los organismos que validaron la documentación
Belbruno también puso el foco en el circuito administrativo que respaldó los papeles cuestionados. "Solicitamos premura a la Justicia, más aún cuando se trata de manchar el nombre de escribanías que son muy serias y respetadas, habiendo intervenido incluso la Dirección General de Inmuebles admitiendo la escritura", remarcó.
Para el querellante, la demora judicial tiene un costo directo sobre las familias, que llevan años sin poder usar lo que compraron.
Cuánto dinero está en juego
Consultado por la dimensión económica del fraude investigado, el abogado hizo una estimación por grupo familiar. "Habría que actualizarlo por lo que cada familia compró en su momento, pero calculo de manera estimativa que debe ser, por familia, al menos 5 millones de pesos, aunque probablemente al día de hoy la cifra ascienda a 10 o 15 millones por cada damnificado", calculó.
El reclamo de los afectados no es solo económico. "Nosotros queremos un avance concreto para que las familias ya puedan tener su terreno y su tierra", cerró Belbruno.
