Pagaron con dólares falsos en Concordia y los atraparon: qué pasó diez años después los dejó libres
Tres comercios de Concordia, dólares falsos y dos extranjeros acusados de estafa: el expediente avanzó a los tumbos durante una década. La decisión que acaba de firmar la Justicia deja a los imputados sin juicio y expone un costo que también paga el Estado.
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, con la jueza Emilce Rojas a cargo, resolvió sobreseer de forma definitiva a dos ciudadanos extranjeros acusados de estafar comercios de Concordia con billetes falsos de dólar. La decisión alcanzó al angoleño Toure Mohammed y al camerunés Fabrice Kepseu Padjou, quienes nunca llegaron a sentarse frente a un tribunal.
La magistrada declaró extinguida la acción penal por la dilación excesiva del expediente, al considerar que se vulneraron la garantía del debido proceso y el derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable. El fallo está fechado el 10 de noviembre y fue difundido en las últimas horas.
El origen del caso
Todo arrancó el 2 de agosto de 2016. Según la acusación, Kepseu Padjou —que por entonces tenía 36 años— y Toure —con 33— hicieron compras en tres locales de ropa de Concordia y abonaron con dólares apócrifos. Tres días después, el 5 de agosto, ambos fueron indagados.
La causa avanzó con lentitud. Recién el 6 de diciembre de 2017 el Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio por expendio de moneda falsa en concurso ideal con estafa. El Tribunal Oral Federal fijó el debate para el 11 de abril de 2019, pero la audiencia se cayó a pedido de la defensa: Kepseu Padjou, vendedor ambulante de artesanías, estaba internado en San Pablo, Brasil, donde pasó dos meses en el Hospital Municipal Regional Norte por una insuficiencia renal derivada de cálculos en el uréter. La situación quedó respaldada con certificados médicos.
Rebeldías, una pandemia y un informe que nunca se hizo
Después, el tribunal reprogramó el juicio tres veces por motivos que no dependieron de los imputados: dos por la acumulación de audiencias y una por la pandemia de Covid-19. A eso se sumaron fallas procesales. En 2021 se dictó la rebeldía y la captura internacional de ambos.
Interpol localizó a Toure en San Pablo en 2023 y se le concedió la excarcelación bajo caución juratoria, pero el informe socioambiental que se había ordenado nunca se concretó. El 18 de agosto de 2026, Toure volvió a ser declarado en rebeldía.
Los argumentos que inclinaron la balanza
La defensora oficial Julieta Elizalde fue quien pidió el sobreseimiento. Sostuvo que más de una década de trámite vulneraba el derecho a una sentencia en plazo razonable, con anclaje en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para la defensa, el retraso obedeció a la falta de actividad procesal eficaz y remarcó un dato llamativo: la pericia de la Policía Federal confirmó rápidamente que el dinero era falso.
La Fiscalía acompañó formalmente el sobreseimiento. Citó la doctrina de la Corte Suprema en el fallo "Mattei" y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y reconoció que la causa no era compleja. También apuntó que Toure cumplió en 2020 una probation en Mendoza por un hecho similar, por lo que una actualización oportuna de antecedentes habría permitido unificar los expedientes en lugar de estirar el desgaste judicial.
Qué dijo la jueza Rojas
En su resolución, la magistrada fue contundente sobre el paso del tiempo: "El tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones en agosto de 2016 hasta la actualidad supera holgadamente los términos de razonabilidad, más aún cuando no se trató de una investigación compleja".
Y continuó: "Todo lo referenciado, me lleva a concluir que la pena y su función han perdido razón de ser, careciendo de trascendencia tanto para los imputados como para la sociedad. La elongación del plazo de tramitación implicó que sobre los imputados recayera una especie de prevención especial negativa, pues fueron sometidos a distintas restricciones, cauciones y todo lo que conlleva un procesamiento judicial".
Más adelante subrayó que el perjuicio no fue solo para los acusados: "No cabe dudas, que además de los perjuicios ocasionados a los imputados con un proceso judicial que se extendió por tantos años, el Estado también se ha visto perjudicado pues se distorsionan así todos los fines de la pena, que para su eficacia requiere la menor distancia temporal entre el hecho y la condena".
El cierre del fallo fue igual de firme: "En definitiva, si el tiempo que el Estado ha empleado para dilucidar el hecho investigado resulta a las claras incompatible con la garantía que asiste a Fabrice Kepseu Padjou y Toure Mohammed a ser juzgados sin dilaciones indebidas. Corresponde declarar la extinción de la acción penal respecto de los nombrados y disponer sus sobreseimientos".
Junto con el sobreseimiento, la jueza ordenó levantar las capturas que pesaban sobre ambos. Así, un caso que nació con billetes truchos en locales de ropa de Concordia terminó cerrado por el peso de los años y las demoras de la propia Justicia.
