Pagaron hasta $20 millones por sus casas en Guaymallén y ahora no tienen ni ladrillos

La causa por las presuntas estafas de la empresa E&M S.A.S. en Guaymallén ya suma alrededor de 160 familias damnificadas y más de 50 querellantes. La Justicia todavía no imputó a nadie.

Lo que empezó como un puñado de denuncias aisladas se transformó en un expediente que no para de crecer. La investigación por las presuntas estafas vinculadas a la construcción de viviendas industrializadas de la firma E&M S.A.S., en Guaymallén, avanza mientras se multiplican las familias que aseguran haber quedado en la calle después de pagar.

Los números que se conocieron durante el móvil del programa "Tenés que saberlo", por Radio Post FM 92.1, son elocuentes: los damnificados ya serían unos 160, muy por encima de las 50 familias que se mencionaban al comienzo. El periodista Julián Chabert dialogó con uno de los abogados que representa a los damnificados, quien explicó cómo sigue la causa y qué esperan de la Justicia.

Cuánto dinero pusieron las familias

El perjuicio económico varía según el caso. Según lo relatado en la entrevista, hay familias que habrían entregado entre $5 y $10 millones, mientras que otras llegaron a aportar $20 millones o incluso más para acceder a las viviendas industrializadas.

El abogado detalló que ya se constituyeron como querellantes particulares en más de 50 casos, todos con denuncias penales contra los socios de la empresa señalada. En los casos que representa, la querella estima que el perjuicio alcanza entre $200 y $250 millones. Si se suman todas las familias mencionadas y los distintos montos que habrían pagado, el impacto general podría ser aún mayor.

"Entendemos a priori una asociación ilícita destinada a despojarle el dinero a las familias damnificadas, con el solo objetivo de enriquecerse ilícitamente y no cumplir con lo pactado", sostuvo el letrado.

Qué dice la querella sobre la investigación

La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos, donde se llevan adelante distintos procedimientos para hacer avanzar las denuncias. El abogado destacó la labor del organismo y señaló que se están otorgando aproximadamente cinco turnos semanales para que los damnificados puedan ratificar sus denuncias, ampliarlas y aportar nuevos datos.

"Está dando aproximadamente cinco turnos semanales para ratificar denuncias, ampliar, precisar datos", explicó.

El próximo paso que espera la querella es la imputación formal de los responsables. La representación de los damnificados pidió que los hechos se investiguen como estafa agravada y planteó la posible existencia de una asociación ilícita. Esa hipótesis, sostenida por los querellantes, apunta a que la eventual maniobra podría haber involucrado a distintas personas que cumplían funciones dentro de la empresa.

El abogado incluso mencionó a quienes realizaban tareas de cobranza, administración y secretaría, al considerar que podrían haber tenido conocimiento de lo que ocurría. Sin embargo, aclaró que se trata de la hipótesis de los denunciantes y que hasta el momento de la entrevista no se habían producido imputaciones formales.

Entre las medidas que la querella espera que se adopten figuran el bloqueo de cuentas bancarias y eventuales detenciones. La decisión corresponde a la Justicia y dependerá de las pruebas reunidas durante la investigación.

El reclamo de las familias

Más allá del avance de la causa penal, el principal reclamo de los damnificados pasa por saber qué ocurrió con las viviendas que habían contratado. Las familias aseguran haber entregado importantes sumas de dinero para acceder a una casa industrializada y sostienen que, pese al tiempo transcurrido, las viviendas nunca se concretaron.

Entre los damnificados hay familias trabajadoras, adultos mayores y personas con discapacidad que habían destinado ahorros de varios años para poder acceder a su vivienda.

"Gente engañada en su buena fe porque todavía están diciendo 'queremos nuestras casas'", expresó el abogado.

Según explicó, la empresa habría recibido denuncias también en otros organismos, mientras que la representación legal de las familias continúa incorporando casos a la causa penal. El reclamo no se limita a recuperar las viviendas: los damnificados también buscan determinar qué pasó con el dinero que entregaron y si existe alguna posibilidad de recuperar parte de esas sumas.

Esperan las primeras imputaciones

La investigación transita una etapa en la que la querella espera que la Fiscalía avance con las medidas que permitan determinar las responsabilidades de las personas denunciadas.

El abogado sostuvo que, por la cantidad de casos y el volumen de dinero involucrado, podría corresponder una respuesta penal más severa si se comprueban los hechos denunciados.

Consultado sobre una eventual prisión efectiva, el letrado consideró que la cantidad de causas podría ser un elemento a tener en cuenta. También recordó que el delito de estafa contempla penas de seis meses a dos años, mientras que la posible existencia de una asociación ilícita podría agravar la situación y los distintos hechos podrían analizarse en concurso real.

Por ahora, las personas señaladas no fueron formalmente imputadas y será la Justicia la que deberá determinar si existió un delito, quiénes fueron sus responsables y qué ocurrió con los fondos entregados por las familias.

Desde la querella estiman que podrían producirse novedades importantes en los próximos meses y esperan que las primeras imputaciones permitan avanzar en el esclarecimiento de una causa que ya reúne denuncias de alrededor de 160 familias.