Pagaron por su casa soñada y lo que encontraron los peritos los dejó en shock

Una madre y sus dos hijos le encargaron a dos arquitectos la construcción de su vivienda familiar en un terreno propio de La Plata. El proyecto nunca se terminó y las pericias revelaron fallas estructurales de tal magnitud que el inmueble directamente no puede usarse.

La disputa llegó a la Justicia y terminó con un fallo que responsabiliza a los profesionales: la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata elevó la indemnización a más de $78 millones, al concluir que la obra era peligrosa y que debía demolerse por completo.

Qué incluía el proyecto que nunca se terminó

El acuerdo original abarcaba la edificación completa de la casa, la elaboración de los planos, los trámites de empadronamiento y la dirección ejecutiva de los trabajos. La familia había contratado a los arquitectos, entre otras cosas, para que supervisaran el desarrollo de la obra.

Sin embargo, la construcción se detuvo cuando apenas se había completado una cuarta parte de lo previsto. Las evaluaciones técnicas posteriores empezaron a mostrar irregularidades estructurales de peso.

Qué encontraron los peritos en la estructura

Los especialistas determinaron que la edificación presentaba un riesgo concreto de derrumbe y que los defectos no podían resolverse con reparaciones parciales. Las deficiencias detectadas incluían:

Columnas: problemas estructurales que comprometían la estabilidad de la construcción.

Vigas: fallas en elementos fundamentales para la resistencia del inmueble.

Mampostería: irregularidades que afectaban la seguridad general de la obra.

Estructura completa: condiciones que impedían aprovechar de manera segura lo ya construido.

La conclusión de los peritos fue contundente: la única salida técnicamente viable era demoler toda la estructura y empezar de cero.

Por qué la Justicia les atribuyó la responsabilidad a los arquitectos

En primera instancia, el juzgado había admitido la demanda y fijado una indemnización superior a $70 millones, más intereses y costas. Todas las partes apelaron distintos puntos de esa resolución: los profesionales, la aseguradora y la propia familia.

Los arquitectos intentaron desligarse al sostener que la ejecución material había estado a cargo de un constructor independiente. La Cámara rechazó ese planteo y remarcó que tenían la obligación de controlar y supervisar correctamente los trabajos, sin importar quién pusiera las manos en la obra.

Para los magistrados, las deficiencias comprobadas demostraban que no se habían cumplido las obligaciones vinculadas con la dirección ejecutiva del proyecto. También descartaron el argumento de la aseguradora, que sostenía que algunos sectores podían aprovecharse para bajar los costos de reparación: las pericias indicaban lo contrario, que la estructura debía demolerse por completo.

Cómo se llegó a los más de $78 millones

Al revisar la sentencia, la Cámara aumentó los montos reconocidos para compensar los daños sufridos por la familia. La reparación quedó dividida en dos grandes conceptos:

Más de $60 millones por daño emergente, para cubrir los perjuicios materiales derivados de la construcción defectuosa.

$18 millones por daño moral, por la frustración, la angustia y las consecuencias personales que generó la imposibilidad de concretar la vivienda.

Los jueces también tuvieron en cuenta el endeudamiento que la familia asumió para financiar el proyecto y las dificultades que atravesaron al no poder habitar la propiedad. Para actualizar los valores, el tribunal aplicó el Índice del Costo de la Construcción que publica el INDEC y fijó los intereses correspondientes.

Finalmente, la Cámara cargó las costas de la apelación sobre los condenados y la compañía de seguros, al considerar acreditada la responsabilidad profesional por los defectos que volvieron inutilizable la construcción.