Pagaron por sus casas y ni siquiera les movieron la tierra: los dueños van a juicio

La Justicia de Paraná tiene en la mira a los responsables de Mundo Steel Framing. La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Santiago Alfieri, reunió pruebas sobre 14 hechos y prevé elevar la causa a juicio oral durante diciembre. El perjuicio denunciado supera los 137 millones de pesos.

Los acusados son Marcelo Morcón y su esposa, al frente de la firma constructora. La investigación se completó en menos de un año y abarca 13 presuntas estafas a particulares y una decimocuarta que perjudicó a una empresa que comercializa caños.

El modus operandi que investiga la Fiscalía

Según la hipótesis oficial, los clientes llegaban al local de avenida Almafuerte 446, donde veían muestras de viviendas y creían que la empresa tenía capacidad económica para construir. El análisis financiero, en cambio, mostró que el dinero ingresaba a las cuentas pero no se destinaba a materiales ni a las obras prometidas.

Un dato que sumó la investigación salió de los registros del Banco Central. Al 12 de noviembre, Morcón acumulaba 68 cheques rechazados en 2026 por un total de 106.344.944,55 pesos.

El caso se conoció en mayo, cuando familias de Paraná y otras localidades entrerrianas contaron que habían pagado por casas que nunca se levantaron. Los damnificados se organizaron para denunciar y reclamar respuestas.

Además del proceso penal, varias familias tenían audiencias en el fuero civil para fines de noviembre, con la intención de recuperar parte del dinero. Entre los afectados circuló la versión de que los imputados podrían seguir operando bajo otro nombre a través de una inmobiliaria, aunque ese dato no se confirmó.

“No me hicieron absolutamente nada”

Luciana Ponti firmó contrato en julio de 2025. Pagó 3,5 millones de pesos de entrada y cuotas mensuales de 590.000 pesos. En diciembre vendió un departamento en Oro Verde y entregó 14.500 dólares para comprar materiales. También cubrió planos y parte de un muro de contención.

“Era el acuerdo que habíamos hecho, después pagué aparte planos, parte de un muro de contención, en total alrededor de 30 millones y no me hicieron absolutamente nada, ni siquiera movieron la tierra para hacer la platea”, relató a Elonce.

La obra debía arrancar en enero, pero nunca empezó. “Pasaron los meses, me decían que iban a empezar, siempre les estaba faltando algo. Yo quise confiar en que tenían mucho trabajo”, sostuvo.

Ante la falta de respuestas, empezó a buscar por su cuenta. “Empecé a averiguar por mi cuenta y fuimos encontrando gente damnificada y al día de hoy somos alrededor de 40”, señaló.

Ponti identificó a quienes vendían: “Son Micaela Morales y Ezequiel Morcón, los que nos vendieron. Al nombre de Ezequiel Morcón hicimos los contratos, fueron firmados por él”. También contó que reclamó al empresario por el destino de sus ahorros: “Yo le pregunté qué había hecho con mi plata porque se suponía que era para comprar materiales, eran 14.500 dólares, y no me respondió”.

Promesas que se estiraban en el tiempo

Andrea Wolker entregó siete millones de pesos y acordó 120 cuotas. Después adelantó seis pagos de 400.000 pesos para apurar la construcción, que iba a estar lista en enero de 2026. “Nos ofrecieron una vivienda llave en mano y hacían entrega en enero del 2026”, recordó.

Como no se cumplió, firmaron una modificación con nueva fecha para el 30 de abril. “Tampoco sucedió”, afirmó. Y agregó que las promesas siguieron: “Hay gente que hizo contrato con ellos desde el 2024 y no le han hecho nada. Nos mienten, nos mintieron hasta incluso la semana pasada, diciéndonos que nos iban a pasar un cronograma y demás y nunca pasó nada”.

Wolker también contó que antes de contratar pidió ver una casa terminada y la empresa se negó. “Cuando nosotros contratamos con ellos, les pedimos ver una vivienda terminada para terminar de confirmar. Nos dijeron que no nos podían mostrar porque los propietarios ya estaban viviendo y molestaba a los propietarios”, relató. Más tarde supo que “creo que hay una sola terminada”, aunque aclaró que esa información le llegó después.

Con la causa penal encaminada al juicio oral, los damnificados esperan que se determinen responsabilidades y que avancen las acciones civiles para recuperar lo invertido. La elevación a juicio estaba prevista para diciembre.