Pagó 2 puntos de más en retenciones y la Justicia le devolverá millones
La Aduana le dijo que no y el Tribunal Fiscal le dio la razón al Estado. Pero la Cámara terminó dando vuelta todo: qué resolvió con los dos puntos de retenciones que la cerealera había pagado de más.
La Justicia falló a favor de una de las mayores exportadoras del país en un pleito por retenciones y el Estado deberá devolverle más de $23,5 millones más intereses a Aceitera General Deheza (AGD).
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó lo que habían resuelto la Aduana y el Tribunal Fiscal de la Nación, y declaró inconstitucional para un embarque puntual el decreto 131/2022, la norma con la que el gobierno de Alberto Fernández subió del 31% al 33% la alícuota de los derechos de exportación sobre subproductos de soja.
El origen del reclamo
Todo empezó con una exportación que la firma registró en julio de 2022. AGD liquidó el 33% sobre el valor FOB declarado y después le pidió a la Aduana que le devolviera los dos puntos de diferencia, tomando como referencia el 31% que fijaba el decreto 790/2020.
La Aduana rechazó el pedido. En marzo de este año, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó por mayoría esa negativa. La empresa apeló y la Cámara terminó dando vuelta ambos pronunciamientos: reconoció su derecho a recuperar $23.511.622,40, con intereses.
El argumento de los jueces
Los magistrados José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez consideraron que el Poder Ejecutivo subió la alícuota sin una política clara que lo respaldara. Para resolver, se apoyaron en un fallo propio de septiembre de 2025, también favorable a AGD, donde habían aplicado el criterio de la Corte Suprema en el caso Camaronera Patagónica.
Según ese precedente, los derechos de exportación son tributos y es el Congreso el que debe fijar sus elementos esenciales o marcar los parámetros dentro de los cuales puede moverse el Ejecutivo.
“En efecto, no caben dudas de la invalidez constitucional del decreto 131/2022, toda vez que por su intermedio se incrementó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente”, sostuvieron los jueces en el fallo.
Intereses y costas
La Cámara dispuso que los intereses se calculen desde la presentación del reclamo ante la Aduana hasta el pago efectivo, con las tasas vigentes en cada período. Además, cargó las costas del trámite ante el Tribunal Fiscal y de la apelación judicial sobre el Estado nacional.
En la resolución, el tribunal decidió “reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar el despacho de exportación denunciado”. También le reconoció el derecho a “la devolución de las sumas reclamadas por la diferencia abonada por derechos de exportación”, es decir, la que surge de aplicar el decreto 131/2022 en lugar del 790/2020.
Qué significa para el sector
Para Héctor Tristán, contador especializado en temas tributarios del agro, dos puntos porcentuales de retenciones pesan mucho en una actividad que mueve millones de toneladas. Sobre el fundamento del fallo, señaló que “el Gobierno no puede aumentar impuestos sin contar con una autorización legislativa suficiente”, y vinculó ese criterio con Camaronera Patagónica, de 2014, según el cual “los derechos de exportación son impuestos y están sujetos a las exigencias constitucionales de legalidad tributaria”.
Tristán explicó además cómo una suba así puede trasladarse al productor a través del precio que paga el exportador. Con una operación hipotética de US$1 millón en subproductos de soja, detalló: “Con una retención del 31%, el tributo representa 310.000 dólares. Con el 33%, asciende a 330.000 dólares”. Y agregó: “Si ese incremento repercute sobre el precio de compra de la materia prima, parte de su costo puede terminar siendo soportado por los productores, aun cuando no sean quienes ingresan formalmente el impuesto ante la Aduana”.
Sobre el alcance para otras empresas, el especialista indicó que el fallo puede ser relevante para quienes hayan exportado bajo el mismo decreto. “Cada exportador deberá analizar sus operaciones, las normas aplicables, la documentación respaldatoria y, especialmente, los plazos legales para presentar o continuar un reclamo”, advirtió. También aclaró que “la sentencia de Cámara podría ser objeto de recursos y que su situación procesal definitiva requiere seguimiento”.
El otro litigio que quedó firme
La decisión se conoció en medio de otro pleito por retenciones. Días atrás, trascendió que la Corte Suprema dejó firme un fallo que le reconoció a Louis Dreyfus Company (LDC Argentina) los derechos de exportación que pagó de más en operaciones con trigo alcanzadas por resoluciones de 2007 y 2008.
Entre esas normas está la resolución 125 de derechos de exportaciones móviles, que en 2008 impulsó el gobierno de Cristina Kirchner y desató un conflicto con el campo que terminó con el recordado voto “no positivo” de Julio Cobos en el Senado, que sepultó la iniciativa oficial.
El máximo tribunal declaró “inadmisible” un recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas (DGA), con costas, y así quedó firme una sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inválidas esas resoluciones por falta de ratificación legislativa. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la decisión con base en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar el recurso extraordinario.