Pagó el rastreo satelital de su 4x4 durante años: cuando se la robaron, el sistema no respondió

Una pareja de la zona oeste del conurbano se quedó sin su Toyota Hilux 4x4 y descubrió que el servicio de rastreo satelital que abonaba no servía para encontrarla. La Justicia condenó a la empresa a indemnizarlos con más de 12 millones de pesos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que obliga a la compañía de monitoreo a pagar $12.750.000 a los dos titulares del rodado. El tribunal consideró que la firma no acreditó haber puesto en marcha los recursos técnicos y humanos necesarios para intentar recuperar la camioneta, sustraída en octubre de 2023.

El fallo ratificó lo resuelto en primera instancia, que había hecho lugar al reclamo de los dueños y ordenado el pago de la indemnización, con intereses y costas. La empresa también deberá hacerse cargo de los gastos del proceso de apelación.

El robo y la respuesta que nunca llegó

El 16 de octubre de 2023, uno de los propietarios estacionó la Hilux cerca de un cementerio. Al volver, el vehículo ya no estaba. Sin perder tiempo, llamó a la empresa de rastreo para activar el sistema y pedir el corte del motor. También alertó al 911 y radicó la denuncia en la comisaría.

Según consta en la demanda, ese mismo día insistió en varias oportunidades para que le informaran la ubicación de la camioneta. La respuesta que recibió fue que el dispositivo instalado era obsoleto y no permitía obtener una localización precisa ni imágenes del recorrido. Recién cuando intervinieron las autoridades locales, los dueños consiguieron fotos del vehículo circulando por la autopista Gaona en dirección a Luján.

El reclamo judicial no se limitó al valor de la camioneta: también incluyó las herramientas que había en su interior y una compensación por la pérdida de ingresos, ya que el rodado se utilizaba para tareas rurales y para trasladar insumos y elementos de trabajo.

Por qué la Justicia le echó la culpa a la empresa

Antes de iniciar la demanda, los damnificados intentaron un acuerdo en Defensa del Consumidor, pero no prosperó. Enviaron cartas documento que la compañía rechazó, argumentando que parte de la responsabilidad recaía en la falta de controles periódicos del equipo.

El juzgado de primera instancia desestimó esa defensa. Sostuvo que la empresa debía obrar con un alto grado de diligencia, propio de su especialización en rastreo y recuperación de vehículos. Y remarcó que la firma no demostró haber activado de manera idónea los recursos técnicos y operativos después de recibir la denuncia.

La Cámara Civil también consideró insuficiente el informe que presentó la compañía: no detalló horarios, móviles asignados, recorridos ni coordinación con la Policía. Tampoco aceptó el argumento de los controles trimestrales, porque la empresa cobró el abono durante años sin exigir esa prueba ni advertir sobre el estado del dispositivo.

Cómo se calculó la cifra millonaria

Para fijar el monto, la Justicia tomó el valor de mercado de vehículos similares, dado que la empresa no aportó ninguna referencia alternativa. Los intereses se computan desde el día del robo, porque el perjuicio patrimonial se produjo cuando la compañía recibió la denuncia y no dio la respuesta esperada.

El fallo subrayó que, bajo las normas de protección al consumidor, cualquier duda sobre el alcance de las obligaciones debe interpretarse en favor de los usuarios, sin imponerles cargas más gravosas que las previstas en el contrato.

La regulación de los honorarios de la segunda instancia quedó pendiente hasta que se definan los correspondientes al proceso de primera instancia.