PAMI: clínicas privadas paran la atención dos días y los jubilados quedan en el medio

Un grupo de cámaras que nuclea a centros de salud privados de todo el país confirmó que suspenderá la atención a los afiliados al PAMI durante 48 horas, el miércoles 21 y el jueves 22 de este mes. La medida no alcanza a las emergencias y responde a un reclamo por la actualización de los aranceles y por cambios en las condiciones de los contratos.

El anuncio lo firmaron la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia. En conjunto representan a más de 100 entidades distribuidas en distintas provincias.

Qué reclaman las clínicas

Según los directivos del sector, los contratos con la obra social fijan cupos para determinadas prácticas en cada institución. A eso le suman un retraso sostenido en los montos que cobran por las prestaciones. Con la suspensión buscan, según dicen, “una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones” y frenar un deterioro que, advierten, no afectaría solo a los jubilados sino al sistema sanitario en general.

En el comunicado las entidades también señalan que no obtuvieron respuesta a un pedido de audiencia urgente enviado el 14 de septiembre al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. El objetivo de ese encuentro era discutir “la necesidad de avanzar en una reforma tributaria” para el sector y buscar una salida para las cerca de 5000 entidades que arrastran deudas con el fisco, amparadas por una medida que impide a ARCA iniciar ejecuciones por obligaciones impagas. Esa disposición se prorrogó varias veces en las últimas décadas.

La respuesta del PAMI

Fuentes de la obra social consultadas por LA NACION aseguraron que no recibieron ninguna notificación formal sobre la medida. Sostienen que el diálogo sigue abierto y que el jueves próximo se reunirán los equipos técnicos de ambas partes.

Desde el instituto agregaron que el viernes pasado “se llegó a un entendimiento para incrementar el valor de los aranceles en determinadas prácticas clínicas, que representa prácticamente una recomposición de la inflación acumulada 2026”.

Pese a ese avance, desde las cámaras ratificaron que el corte sigue en pie. El lunes consultarán a las clínicas representadas para definir los pasos a seguir y sostienen que lo ofrecido resulta insuficiente frente al retraso acumulado.

Los números de la brecha

Entre diciembre de 2023 y julio de este año, según fuentes del sector, la inflación general fue del 241,8%, mientras que la cápita que paga el PAMI subió nominalmente un 110,55% en promedio. Para que los aranceles empataran con la evolución de los precios desde que asumió el actual Gobierno, haría falta una suba del 62%.

En lo que va de 2026 hubo recomposiciones puntuales: 1,9% en junio y 8% en julio para algunas prácticas. Pero el atraso viene de antes. Un informe sectorial calcula que lo que paga la obra social por las principales prestaciones debería aumentar más de 90% para igualar la inflación registrada hasta junio pasado desde el inicio de 2023, año en que el IPC del Indec avanzó 211,4%.

Un índice de Capress muestra que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor cápita del segundo nivel de atención creció nominalmente 447,47%. Ese segmento incluye, según explicaron fuentes técnicas de la cámara, “fundamentalmente internación, cirugías de baja y mediana complejidad y otros servicios que son los de mayor tasa de utilización por parte de los afiliados de PAMI”. En el mismo período la inflación minorista fue del 942,35%, de modo que los aranceles necesitarían una suba superior al 90% para empatar. Los medicamentos, en tanto, subieron 1181,70% según el mismo índice, elaborado con datos del Ministerio de Salud y del Colegio de Farmacéuticos, entre otras fuentes.

Más allá de los aranceles

Los prestadores también piden “un modelo de atención adecuado para los jubilados”, una regularización de los pagos y el “fortalecimiento de las contrataciones en el sector privado —que cuenta con el 56% de las camas del país—, sin sobrecargar a los hospitales públicos”.

Directivos del sector privado sostienen que las prestaciones para los casi 6 millones de afiliados están condicionadas por el modelo que le atribuyen al PAMI y afirman que en los últimos meses la obra social “comenzó a derivar los contratos a los hospitales públicos, ya colapsados, quitando a las clínicas pacientes que tenían asignados”.

Los aumentos recientes y la voz de la Patagonia

Este año, las clínicas afirman que lo pagado por el PAMI subió en muchos casos 1,9% en junio y 8% en julio, con variaciones según la práctica. También se dispuso un adicional para los prestadores de internación que superan ciertas tasas de uso. “Son incrementos muy inferiores a la evolución de los costos y se perciben a 90 días”, afirmó un directivo.

Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, en Río Negro, explicó que en las clínicas patagónicas el reajuste de este año fue del 8% “y aplicó solamente a una parte de los servicios”. “El grupo de alta complejidad tuvo cero aumento e, inclusive, en octubre hay una disminución de los precios en ese grupo, y un sistema de limitación de prestaciones de hemodinamia, cirugías cardíacas y neurocirugía”, agregó.

Respecto de lo ofrecido por el PAMI el viernes pasado, cuando el corte ya estaba anunciado, Sabalette señaló que “hay un compromiso del PAMI de una actualización que acompañe el aumento de paritarias firmadas el jueves”, algo que no cubriría la inflación del año. “No resuelve el problema de fondo, el tremendo retraso de precios”, dijo. Aun así, como el ofrecimiento implica “una situación nueva”, las cámaras volverán a consultar a sus asociadas para definir los pasos a seguir.

El directivo estimó que, considerando las prestaciones con y sin aumento, “se podría decir que la actualización de precios del PAMI en los primeros nueve meses del año no supera, en promedio, el 4% o 5%, un dato muy variable según la complejidad de cada clínica”. En ese período el IPC general avanzó 22,6%.

Un conflicto que ya dejó pacientes sin atención

No es la primera señal de tensión. A fines de agosto se suspendió la atención durante 24 horas en las clínicas de la Patagonia. También prestadores del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza afectaron sus servicios como forma de protesta, según consigna el comunicado de las cámaras.

A la insuficiencia de los ingresos se suma, según las entidades, la vigencia de cupos a las prestaciones ambulatorias que dispone el PAMI: existe un tope por afiliado y otro por prestador. Para los representantes de las clínicas patagónicas, el segundo no tiene más objetivo que ponerle un techo al gasto, “sin criterio sanitario”.