Pami les adeuda 18 meses de actualización y los centros de diálisis santafesinos ya no saben cómo sostener los traslados

La Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplantes Renales de Santa Fe reclamó a Pami una actualización de los valores que reconoce por las prestaciones y advirtió que el atraso acumulado pone en riesgo la continuidad de los tratamientos para unos 4.100 afiliados.

Los centros de diálisis de la provincia atraviesan una situación económica crítica. Según la entidad, los módulos que paga el organismo nacional llevan aproximadamente un año y medio sin actualizarse acorde con la evolución de los costos, mientras los establecimientos deben hacer frente a aumentos en salarios, insumos médicos, medicamentos, servicios, mantenimiento, equipamiento y transporte.

El reclamo no es exclusivo de Santa Fe: se suma a una problemática que afecta a prestadores de todo el país. Pero en el interior provincial la situación se agrava, porque muchos centros también tienen que costear el traslado de los pacientes hasta los lugares de atención.

Kilómetros y costos que se acumulan

Claudio Alonso, médico nefrólogo y referente de la Asociación, explicó que la red provincial está integrada por 24 centros, muchos de ellos en ciudades pequeñas, donde los costos son más difíciles de afrontar. "En muchos casos, además de garantizar el tratamiento, los prestadores tenemos que hacernos cargo del traslado de los pacientes", señaló.

Algunos pacientes recorren distancias considerables para acceder a la diálisis. "Hay personas que se trasladan 70, 80 o hasta 120 kilómetros en un remís que paga el prestador", detalló Alonso, y agregó: "Es una situación que se vuelve cada vez más difícil de sostener cuando desde 2024 hasta hoy, Pami otorgó un aumento total de apenas el 17 por ciento".

A los costos de la prestación se suman los medicamentos y tratamientos asociados. "No estamos hablando solamente del módulo de diálisis. Hay medicaciones de alto costo, como las que necesitan muchos pacientes para tratar la anemia renal, además de otras prácticas y medicamentos ambulatorios. Todo eso forma parte de una estructura de costos que aumentó muchísimo", afirmó el especialista.

Un recorte que profundiza la crisis

La entidad también cuestionó la reducción cercana al 8% aplicada recientemente sobre determinados valores reconocidos por Pami, una medida que, según sostienen, profundizó el deterioro de los ingresos de los centros.

"Estamos ante un combo explosivo", advirtió Alonso, quien aseguró que la Asociación realizó numerosas gestiones ante Pami durante el último año y medio sin obtener una respuesta concreta. En la última reunión con representantes del organismo, les habrían señalado que Pami tiene "otras prioridades" y que el Ministerio de Economía nacional no le asigna los recursos necesarios para actualizar los valores.

Para los prestadores, el problema excede una discusión exclusivamente arancelaria. La preocupación central es que el deterioro de los ingresos termine afectando la capacidad de los centros para garantizar una atención segura, continua y de calidad.

"La diálisis no se puede cortar porque es un tratamiento vital", remarcó Alonso. En ese sentido, alertó que si los centros privados no logran sostener la prestación, una parte de los pacientes podría recurrir al sistema público para continuar con sus tratamientos. "Muchos pacientes de Pami van a terminar recurriendo a los efectores públicos, que tampoco tienen capacidad infinita para absorber esa demanda", advirtió.

Desde la Asociación remarcaron que la diálisis no puede suspenderse ni postergarse y que, para miles de personas con enfermedad renal crónica, constituye un tratamiento indispensable para continuar con vida mientras esperan un trasplante renal o mientras su condición médica requiere mantenerlo de manera permanente.

Por este motivo, los prestadores reclaman a Pami una actualización de los módulos acorde con los costos reales de la prestación, la revisión de la reducción aplicada recientemente y la apertura de una instancia de diálogo que permita garantizar la continuidad de los tratamientos.

"No estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo que se reconozca el costo real de una prestación que no puede interrumpirse y que se garantice a los pacientes el derecho a recibir su tratamiento en condiciones adecuadas", concluyó Alonso.