Pan con mate cocido y partidas que no llegan: la diputada que puso la lupa en la comida de las escuelas
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Pan con mate cocido y partidas que no llegan: la diputada que puso la lupa en la comida de las escuelas

La diputada Natalia Herrera respondió a las cifras que defendió el oficialismo sobre la cobertura alimentaria y contó qué pasa cuando las partidas no llegan a tiempo: hay escuelas que ya recibieron la octava y directivos que buscan cómo estirar la comida.

La diputada provincial Natalia Herrera volvió a apuntar contra las demoras en la acreditación de los fondos para la alimentación escolar y salió al cruce de las declaraciones de su par Stella Nieva, quien había defendido el funcionamiento del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO). Según la legisladora, hay establecimientos que todavía no reciben la totalidad de los recursos previstos para el ciclo lectivo y eso complica el desayuno y la merienda de los alumnos.

La respuesta de Herrera llegó después de que Nieva destacara el alcance del programa: cobertura en 661 establecimientos educativos y una población objetivo de 64.337 estudiantes en toda la provincia. La legisladora oficialista también había mencionado que existe una planificación nutricional y un esquema de prestaciones adaptado a cada escuela.

Para Herrera, esos datos no reflejan necesariamente lo que ocurre puertas adentro de los colegios. "Los números quedan muy bien en un comunicado, pero no llenan los platos. La cobertura que se informa en un escritorio no siempre refleja lo que sucede en la mesa de cada escuela", planteó.

Partidas que llegan con retraso

La diputada aseguró que recibió reclamos de directivos por las demoras en las transferencias. "Hay algunas escuelas que recién recibieron la octava partida. El ciclo lectivo contempla diez meses. ¿Les parece bien dejar a los chicos sin comida dos meses?", cuestionó.

Ante la falta de acreditación, los equipos directivos buscan alternativas para sostener el servicio alimentario. Según Herrera, algunas instituciones recurren a proveedores que les fían los alimentos u otros mecanismos para que los estudiantes no se queden sin comer.

"Si los chicos desayunan o meriendan a diario pan con mate cocido y sabemos que muchos van a la escuela para poder comer, ¿cómo podemos permitir que haya demoras?", expresó la legisladora, que insistió en que la situación debe analizarse según las condiciones concretas de cada establecimiento.

Menos de 500 pesos por alumno

Otro de los ejes del cuestionamiento fue el monto disponible por estudiante. Herrera afirmó que, en algunos casos, la asignación diaria no llega a los 500 pesos por alumno y puso en duda que esa suma alcance para garantizar una alimentación nutritiva.

El pedido de informes que originó la polémica

La discusión se desprende de un proyecto de resolución presentado por Herrera, en el que solicita al Ministerio de Desarrollo Social que informe sobre el estado de ejecución del PIO, con especial atención a las fechas y los montos de las transferencias a las escuelas.

En la iniciativa, la legisladora sostiene que las demoras en las acreditaciones se repiten y advierte que, en ocasiones, los equipos directivos deben recurrir a colectas, préstamos y otros mecanismos informales para sostener las prestaciones alimentarias.

También cuestiona que desde el Ministerio se hayan atribuido antes los retrasos a cuestiones administrativas, como la falta de presentación o aprobación de rendiciones de cuentas de períodos anteriores. Herrera reconoce la importancia de controlar los fondos públicos, pero considera que esas instancias no deberían comprometer la continuidad de la asistencia alimentaria.

Por eso pide conocer qué períodos fueron efectivamente abonados, cuáles siguen pendientes y qué cronograma prevé el Gobierno para regularizar las transferencias hasta el final del ciclo lectivo. Además, solicita que se acompañe documentación respaldatoria sobre las fechas y los montos depositados en cada establecimiento.

"No estamos atacando un programa"

Herrera defendió la presentación y rechazó que sus cuestionamientos sean un ataque al PIO. "Los pedidos de informes son parte de nuestras obligaciones y no deberían incomodar a quien tenga las cuentas claras y la información disponible. No estamos atacando un programa, buscamos que la situación mejore para todos", sostuvo.

Por último, invitó a los legisladores oficialistas a recorrer los establecimientos educativos para conocer las dificultades que, según afirmó, enfrentan docentes y directivos. "Podríamos ser una provincia ejemplar si no perdieran tiempo en sentirse afectados cuando se visibiliza la realidad", concluyó.

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