Paritarias en crisis: el gremio de Salud que desafía al Gobierno y lleva el conflicto a un organismo internacional

Mientras el Gobierno provincial lograba cerrar acuerdos con la mayoría de los sindicatos estatales, un gremio clave decidió llevar la pulseada a otro nivel. La Asociación de Médicos y Profesionales de la Salud (Ampros) no solo rechazó de plano la oferta salarial, sino que denunció prácticas antisindicales y escaló el conflicto a un organismo de la ONU. La tensión marca un punto de quiebre en las negociaciones paritarias del sector público.

Este martes, la secretaria general Claudia Iturbe volvió a exigir la reapertura de la mesa de diálogo. El sindicato había calificado como “indigna” la primera propuesta oficial, que consistía en un 7% en marzo y un 3% en mayo. La dirigente fue contundente al evaluar la nueva oferta del 10% sobre los salarios de diciembre.

“Para nuestro sueldo que está tan deteriorado, un aumento del 10% en base a diciembre es un kilo de carne”, advirtió Iturbe. La frase no es metafórica: en términos concretos, el incremento representa unos 20 mil pesos mensuales para muchos profesionales, un monto que consideran insuficiente frente a la inflación.

Un plantel en la precariedad y un reclamo histórico

El malestar de Ampros se profundiza al considerar la situación laboral de sus afiliados. Denuncian que una gran cantidad de profesionales trabaja sin contrato estable ni planta permanente, una condición que en algunos casos se extiende por hasta seis años. Para estos trabajadores, el aumento paritario ni siquiera sería aplicable.

Desde el gremio acusan al Ejecutivo de una “falta de diálogo” y aseguran que lo presentado “no es una paritaria sino un decreto puesto sobre la mesa”. Su objetivo declarado va más allá de recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación reciente; buscan recomponer un 40% de deterioro acumulado desde el año 2022.

Frente a este escenario, Iturbe anunció medidas de fuerza concretas. Convocarán a nuevas asambleas de delegados en los hospitales y llamaron a no firmar los “anexos”, documentos necesarios para gestionar trámites como obras sociales, ANSES y aptos médicos. “Que lo firmen los directores que se aumentaron el 40% como el gobernador”, lanzó la dirigente.

La jugada internacional: la OIT entra en escena

La estrategia del sindicato dio un giro inesperado al internacionalizar el conflicto. Presentaron una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de la ONU, contra el Gobierno provincial. Este martes confirmaron que el organismo aceptó la solicitud y comenzará a analizar el caso.

La denuncia enumera una serie de prácticas que consideran lesivas, incluyendo la sanción de “26 leyes que sacaron sin consentimiento del gremio” durante 2024. También cuestionan la oferta salarial del 10% y los acuerdos paritarios que el Gobierno celebró con otros gremios, como ATE, para cubrir a profesionales como los licenciados en enfermería, un ámbito que Ampros considera de su representación.

Según explicó el abogado del sindicato, el Comité de la OIT evalúa impulsar una “negociación nacional” que excluya a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y establezca un órgano de conciliación de nivel federal. Básicamente, es un pedido para que el Gobierno nacional intervenga en la disputa. Si no se llega a un acuerdo, el Comité podría emitir una resolución.

Es crucial aclarar que la OIT no es un organismo cuyas decisiones sean vinculantes para los estados. Por lo tanto, la pelota queda en la cancha del Ejecutivo provincial, que en los próximos días deberá decidir si acepta formar parte de esa mesa de negociación nacional o, por el contrario, promulga el aumento salarial por decreto, una medida que seguramente avivaría el conflicto.

Mientras tanto, ATE, otro sindicato clave del sector público, anunció que finalmente aceptó la suba salarial ofrecida por el Gobierno, marcando una diferencia de estrategia con la línea dura adoptada por los profesionales de la salud. El desenlace de este pulso podría sentar un precedente crucial para las relaciones laborales en el Estado.