Paro de prácticos en la Vía Navegable Troncal: el Gobierno ya notifica y amenaza con penales

El comercio exterior argentino quedó al borde del colapso: los prácticos, pilotos y baqueanos frenaron sus tareas por tiempo indeterminado y el Gobierno ya salió a notificarles en mano la reanudación inmediata, con la advertencia de posibles acciones penales.

Todo comenzó con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 690/2026, firmado por el Presidente Javier Milei y los ministros Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva. Esa norma derogó el histórico Decreto 2694/91 y propuso una reestructuración profunda del sector, lo que encendió la mecha en los gremios.

La medida paraliza el ingreso, amarre y zarpada de buques comerciales en la Vía Navegable Troncal y en las terminales del Cordón Industrial santafesino, afectando directamente a los puertos agroexportadores de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, en el Gran Rosario.

Qué cambia con el decreto de desregulación

La nueva normativa elimina los cupos de inscripción en la Prefectura Naval Argentina (PNA), autoriza a los armadores a contratar profesionales independientes, fija topes tarifarios obligatorios establecidos por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y exime de la obligación de contratar prácticos a los capitanes, nacionales o extranjeros, que demuestren conocimiento de la zona.

Ese último punto es uno de los que más resistencia genera entre los trabajadores, que ven en la medida un riesgo para la seguridad náutica en el río Paraná y una puerta abierta a la precarización laboral.

La respuesta del Gobierno: notificaciones y amenaza de sumarios

Ante el lock-out, el Poder Ejecutivo activó un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina se presentaron de manera presencial ante los profesionales para notificarles e intimarles en mano la reanudación inmediata de las tareas.

El fundamento legal es la Ley de Navegación N° 20.094, que califica al practicaje como un servicio público esencial para la seguridad de la navegación. Desde la Casa Rosada advirtieron que el cese concertado configura un incumplimiento de las habilitaciones otorgadas.

En las cédulas entregadas se señala que la persistencia en la medida podría encuadrarse en los artículos del Código Penal referidos a la interrupción de los medios de transporte y vías navegables. Además, se iniciarían sumarios administrativos que podrían derivar en la suspensión o cancelación definitiva de las matrículas.

Los gremios contra las cuerdas: judicializan la medida

Las organizaciones que agrupan a prácticos, baqueanos y capitanes rechazaron la desregulación y anunciaron la presentación de recursos de inconstitucionalidad y medidas cautelares ante la Justicia Federal para frenar la aplicación del decreto.

El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales también salió al cruce, alertando sobre un paquete legislativo más amplio que busca modificar la Ley de Cabotaje Nacional. Calificaron las reformas como un ataque directo a la Marina Mercante y a la soberanía logística del país.

Qué pasa con los buques varados

Mientras tanto, la acumulación de buques en rada crece y los embarques siguen paralizados. El Gobierno nacional ratificó que no cederá a las presiones corporativas y dejó abierta la puerta para activar los mecanismos de emergencia contemplados en los artículos 5 y 6 del Decreto 690/2026.

Esas cláusulas facultan a la Prefectura Naval y a la Armada Argentina a asumir en forma directa la prestación de los servicios de practicaje, o bien a autorizar temporalmente a capitanes habilitados de contingencia para reabrir los canales de navegación. La pulseada recién empieza.