Paro docente: el Gobierno lanza una advertencia y las sanciones ya están sobre la mesa

El Ministerio de Capital Humano salió al cruce de la huelga convocada por CTERA y dejó un mensaje contundente: la educación es un servicio esencial y quien no garantice el 75% de cobertura se expone a sanciones. El anuncio se conoció este viernes, en la previa del paro nacional del lunes 3 de agosto.

La cartera que conduce Sandra Pettovello emitió un comunicado en el que recordó que la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en su artículo 101, establece la obligación de asegurar una prestación mínima del 75% durante las medidas de fuerza. Esa norma, según el Gobierno, busca "evitar la interrupción total de las actividades y resguardar el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles".

¿Qué pasará con los gremios que no cumplan?

El texto oficial anticipa que "el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables", aunque no especifica cuáles serán esas medidas. La advertencia llega después de que CTERA ratificara la huelga, que coincide con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

El pronunciamiento fue difundido por las secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el comunicado, el Ministerio de Capital Humano reafirmó su compromiso con "la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor", promoviendo "que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza".

Los motivos del paro: ¿qué reclama CTERA?

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina definió la medida de fuerza en un congreso interno bajo la consigna "Basta de ajuste en la educación". El gremio cuestiona la negativa del Gobierno a convocar la Paritaria Nacional Docente y denuncia una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios.

Entre los reclamos centrales, CTERA exige un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. También pide la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, rechaza una eventual reforma del régimen jubilatorio docente y se opone al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno.

El paro alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario de establecimientos públicos y privados. Los gremios anticipan un alto nivel de adhesión, aunque algunas instituciones privadas podrían mantener sus actividades con normalidad.