Paro docente en Santa Cruz: la Nación vigilará que las escuelas abran y el 75% de las clases se dicte

ADOSAC y AMET confirmaron su adhesión al paro nacional de CTERA para este lunes, pero el Gobierno nacional ya anunció que pondrá inspectores en las escuelas para garantizar el 75% del servicio. La medida de fuerza, que promete ser masiva en la provincia, choca de frente con la Ley 27.802 que declara a la educación como servicio esencial. Mientras los gremios reclaman por salarios y presupuesto, la ministra Sandra Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación para coordinar la respuesta oficial.

El próximo lunes 3 de agosto, las aulas de Santa Cruz podrían estar vacías. ADOSAC y AMET, los dos gremios docentes más importantes de la provincia, decidieron adherir al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La protesta, que se extenderá durante toda la jornada, tiene como ejes centrales el reclamo salarial y el aumento del presupuesto educativo.

Pero la medida de fuerza no será un simple trámite. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ya anticipó que desplegará un operativo de control en escuelas de todo el país, incluida Santa Cruz, para verificar que se cumpla con el porcentaje mínimo de funcionamiento que establece la ley. Según la normativa, durante una huelga se debe garantizar al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

¿Qué reclaman los docentes?

Los sindicatos no ocultan sus motivos. En un flyer oficial, ADOSAC convocó a detener las actividades en defensa de la escuela pública, por salarios que alcancen la canasta familiar, por mayor presupuesto para infraestructura e insumos, y en defensa de la Caja de Previsión Social (CPS). También rechazan el proyecto de Ley de Libertad Educativa y piden un plan de lucha con continuidad.

AMET Santa Cruz se sumó a la convocatoria, por lo que la medida alcanzará a establecimientos de distintos niveles en toda la provincia. La jornada se presenta como un desafío directo al Gobierno nacional, que ya había anticipado que no permitiría que la educación se detenga por completo.

El rol del Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado oficial en el que confirmó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social supervisará el cumplimiento de la legislación vigente sobre servicios esenciales. Las inspecciones serán muestrales y abarcarán establecimientos educativos de todo el país.

El objetivo es verificar que las organizaciones sindicales respeten el porcentaje mínimo de funcionamiento previsto por la ley. En caso de comprobarse incumplimientos, el comunicado advierte que "se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan". Además, el Ministerio exhortó a todos los actores del sistema educativo a priorizar "el derecho a la educación de los niños y jóvenes".

¿La ley del 75% está firme?

La respuesta no es tan simple. La Ley 27.802, sancionada en el marco de la reforma laboral, declara a la educación como servicio esencial, pero su aplicación está siendo cuestionada en la Justicia. El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 dictó una medida cautelar que suspendió de manera provisoria esa declaración mientras se tramita la causa principal.

Sin embargo, el Estado nacional apeló esa resolución y sostiene que, mientras no exista una sentencia definitiva, la normativa sigue vigente. Sobre esa interpretación se basa el operativo de fiscalización anunciado para este lunes. Los sindicatos, por su parte, consideran que la obligación del 75% está suspendida y que el Gobierno actúa de manera arbitraria.

¿Qué sanciones podría aplicar el Gobierno?

Desde la Casa Rosada advirtieron que, si las inspecciones detectan que no se cumple con el porcentaje mínimo, se iniciará un procedimiento sancionatorio. El primer paso sería la aplicación de multas a las organizaciones gremiales. Como antecedente, el Gobierno recordó la sanción económica aplicada al sindicato ferroviario La Fraternidad por incumplir una conciliación obligatoria.

Funcionarios nacionales indicaron que los procesos administrativos pueden extenderse durante varios meses y que, en casos extremos, podrían evaluarse sanciones de mayor gravedad, aunque aclararon que ese escenario requiere procedimientos mucho más complejos.

El paro nacional fue convocado por CTERA en reclamo de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva ley de financiamiento educativo, mayor inversión en infraestructura escolar, recursos para comedores, conectividad y programas educativos, el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y la defensa del sistema previsional docente.

De este modo, la jornada del lunes estará marcada por un doble escenario: por un lado, el conflicto salarial que impulsa el paro nacional; por el otro, una nueva disputa entre el Gobierno nacional y los gremios en torno a la aplicación de la reforma laboral y el alcance de la declaración de la educación como servicio esencial.