Paro nacional de docentes y estatales: una semana de protestas sacude al Gobierno

El próximo lunes 3 de agosto, docentes y estatales de todo el país paralizan sus actividades en una jornada de protesta que promete ser el inicio de una semana cargada de movilizaciones. Los gremios UTELPa y ATE ya confirmaron su presencia en la Plaza San Martín desde las 10 de la mañana, con un pliego de reclamos que incluye la recomposición salarial, el cese de despidos en el Estado y la restitución de la paritaria nacional docente.

La medida de fuerza, que se extenderá por 24 horas, es solo el puntapié inicial de una serie de acciones que buscan presionar al Gobierno nacional en medio de un contexto económico delicado y con la popularidad de Javier Milei en caída.

¿Qué reclaman los gremios?

UTELPa y ATE convocaron a concentrarse en la céntrica plaza pampeana para exigir, entre otros puntos, la restauración del FONID y la paritaria nacional docente. Además, rechazan los despidos en organismos estatales y denuncian el vaciamiento de las instituciones públicas. La movilización está prevista para las 10 de la mañana, y se espera una alta concurrencia.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización al ministerio de Economía. El reclamo central es un aumento salarial de emergencia y el freno a los despidos en el Estado. La fecha elegida no es casual: coincide con el inicio del ciclo lectivo tras el receso invernal.

La CTERA se suma al paro

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) también adhiere a la huelga del lunes. Desde el colectivo gremial explicaron que la decisión responde a “la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”.

Los docentes nucleados en la CGT también se preparan para la batalla. El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, anticipó que los sindicatos darán a conocer un plan de lucha para todo el mes en una conferencia de prensa que se realizará en la calle Azopardo. Entre las acciones previstas se encuentran clases informativas, protestas callejeras y volanteadas, y no se descarta una movilización al ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

Romero, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, justificó la medida por “la crisis prolongada del sistema educativo producto del abandono del Gobierno nacional”. Además, criticó a la cartera de Pettovello: “Está compuesta por buenas personas, escuchan, pero no resuelven los problemas que atañen al futuro de todos los alumnos”.

Agenda de protestas: Ley de Tierras y San Cayetano

La semana de movilizaciones continuará el jueves 6 de agosto, cuando el Senado trate la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. En las inmediaciones del Congreso se concentrarán la CGT, las dos CTA y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para rechazar la normativa. También se espera la presencia de organizaciones estudiantiles.

El viernes 7 de agosto, las mismas organizaciones se congregarán en el barrio de Liniers para la tradicional movilización de San Cayetano. Entre las agrupaciones sociales hay expectativas de armar la marcha “más importante de la década”, en un momento en que la economía no da respiro y la imagen de Milei se deteriora. Para muchos, es la oportunidad perfecta para que la sociedad exprese su descontento contra la gestión libertaria.

La respuesta del Gobierno

Desde la Casa Rosada minimizaron las protestas, calificándolas como acciones de “la oposición”. Sin embargo, el Gobierno le advirtió a CTERA que el paro del lunes debe garantizar el “75% de la prestación habitual” y alertó sobre posibles sanciones. En un comunicado, la cartera de Pettovello recordó que está “plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial”.

El artículo 101 de esa norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa. “Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”, señalaron.