Paro portuario: la medida que paraliza el comercio exterior y desafía al Gobierno

El comercio exterior argentino quedó en vilo. Un paro de prácticos, pilotos y baqueanos, lanzado el 1 de agosto, mantiene paralizadas las principales terminales portuarias del país y ya genera demoras en la carga y descarga de mercaderías.

La medida de fuerza, que se extiende desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, responde al Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, que desregula el servicio de practicaje. Los trabajadores denuncian que la norma compromete la seguridad de la navegación y anunciaron acciones legales.

¿Qué es el practicaje y por qué es clave?

El practicaje es el servicio que brindan profesionales altamente capacitados para asistir a los capitanes en maniobras de ingreso y egreso de los puertos, especialmente en ríos y canales de navegación complejos. Su rol es fundamental para evitar accidentes y garantizar la fluidez del tránsito marítimo.

La desregulación impulsada por el Ejecutivo busca habilitar nuevas modalidades de contratación y flexibilizar los requisitos para ejercer la tarea, con el argumento de fomentar la competencia y reducir costos. Sin embargo, los prácticos consideran que esto pone en riesgo la seguridad en aguas de alta complejidad.

Alcance del conflicto: 80% del comercio en riesgo

El Río de la Plata y el río Paraná concentran cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Allí, decenas de buques esperan turno para atracar, mientras la actividad portuaria se encuentra prácticamente detenida.

La protesta, que comenzó el 1 de agosto, afecta directamente a los sectores exportador y logístico, que ya alertan sobre pérdidas millonarias. El conflicto alcanza también a la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las vías de navegación más importantes de Sudamérica.

La Prefectura intimó a los trabajadores

Ante la gravedad de la situación, la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales a retomar la prestación del servicio, recordando que el practicaje es un servicio público esencial vinculado con la seguridad de la navegación. La normativa vigente obliga a garantizar guardias operativas para asegurar la continuidad de las prestaciones básicas.

Pese a la intimación, los trabajadores ratificaron la medida de fuerza, aunque resolvieron mantener guardias mínimas para asistir a buques petroleros y de gas licuado. El objetivo es evitar inconvenientes en el abastecimiento energético y reducir riesgos ambientales durante las maniobras.

Qué viene ahora: amparo y denuncia penal

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante anunció que presentará una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron la norma. Los gremios insisten en que el decreto atenta contra la seguridad de quienes trabajan y navegan en los ríos.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y las negociaciones entre el Gobierno y las entidades gremiales no muestran avances. El sector exportador espera una pronta solución para evitar mayores pérdidas, pero la desregulación del practicaje parece no tener punto de encuentro.