Paro portuario: ¿qué hay detrás del decreto que enfureció a los prácticos y paralizó el comercio exterior?

La actividad portuaria en La Plata y en todo el país está completamente frenada desde el sábado por una medida de fuerza que responde al Decreto 690/2026, una iniciativa del Gobierno nacional que busca desregular el servicio de practicaje. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, desató un conflicto que ya tiene a más de 140 buques esperando y amenaza con redirigir operaciones al exterior.

El decreto, que entró en vigencia el sábado, elimina barreras en el servicio de practicaje, que es la tarea de guiar a los barcos en aguas peligrosas o al ingresar a puerto. Sturzenegger defendió la medida en su cuenta de X: “Desarmamos kioscos en el practicaje”, y aseguró que busca reducir el “costo argentino” y aumentar la competencia. “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sentenció.

Pero en el sector, la reacción no se hizo esperar. Prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país, desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, paralizaron sus tareas. El impacto es especialmente fuerte en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Incluso, un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur quedó detenido fuera del muelle, sin poder ingresar.

¿Cuál es la magnitud de la paralización?

El Centro de Navegación (CNAV), que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior, contabilizaba este lunes al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje. Una cifra que, advierten, podría crecer con el correr de las horas. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, alertaron desde el sector.

La medida afecta a los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca, entre otros. También complica las maniobras en los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, por donde se distribuye nafta, gasoil y fuel oil a todo el país. Y se extiende hasta Caleta Córdova, en Chubut, terminal clave para el traslado de crudo hacia las refinerías.

¿Qué consecuencias ya se están viendo?

El CNAV alertó que varias operaciones ya programadas fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil. Esto significa una pérdida de transbordos que habían sido repatriados al país tras años de gestión público-privada. La preocupación es máxima: el conflicto no solo frena la economía, sino que también pone en riesgo la seguridad de la navegación y el abastecimiento energético interno.

La diputada provincial del Frente Grande, Silvina Nardini, criticó duramente la medida: “El Decreto 690/2026 no es modernización, es un nuevo ajuste contra el pueblo”. Según la legisladora, la desregulación “flexibiliza requisitos”, “limita la intervención del Estado” y afecta “la seguridad de la navegación, el trabajo altamente calificado de profesionales argentinos y la capacidad soberana de controlar una de las principales vías por donde sale la producción nacional”.

¿Qué dice el sector de los prácticos?

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma como “abusiva e inconstitucional” y anunció que recurrirá a la Justicia Federal mediante una acción de amparo. Además, amenazaron con denunciar penalmente a los funcionarios firmantes, señalando que la medida pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos.

Mientras tanto, la Prefectura Naval Argentina envió cédulas de “intimación perentoria” a los profesionales para que reanuden la actividad bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial del practicaje. Pero los trabajadores, que prestan servicios básicos a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético ni generar contingencias ambientales, dicen que no levantarán la protesta ni negociarán con el Gobierno hasta tanto no se suspenda o derogue el decreto.