Paro universitario: 48 horas de protesta y un fallo judicial que el Gobierno no puede ignorar
¿Hasta cuándo se puede ignorar un fallo? Los gremios universitarios ya preparan 48 horas de paro y la Justicia tiene la última palabra.
Los docentes universitarios vuelven a las calles con un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de agosto, mientras la Justicia ya dio luz verde a la ejecución de la cautelar que ordena pagar la recomposición salarial.
La medida, anunciada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), cuenta con el respaldo de gremios como FEDUBA y se da en medio de una pulseada que tiene a la Ley de Financiamiento Universitario como campo de batalla.
¿Qué dice el fallo que complica al Gobierno?
La disputa llegó a los tribunales y allí la balanza se inclina por ahora del lado de las universidades. En diciembre, un juez dictó una medida cautelar que ordenaba al Ejecutivo pagar la recomposición salarial prevista por la ley, y en marzo la Cámara de Apelaciones la confirmó.
El Gobierno intentó frenarla con recursos, pero el 25 de junio la Corte Suprema rechazó el último. Así, la ejecución quedó en manos del juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Federal N° 11, quien ya ordenó avanzar.
Para los próximos días también están previstas las “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, que se instalarán frente al Palacio Pizzurno y en distintos puntos del país.
La deuda salarial: números que escalan
El reclamo principal tiene que ver con el bolsillo. Según distintos cálculos, el Gobierno adeudaría una recomposición de entre 28,5% y 31,2% para los trabajadores universitarios. A eso se suma el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley, un monto que sigue sin aparecer.
Este paro no es un hecho aislado. Del 18 al 22 de agosto ya hubo una medida de fuerza nacional, y ahora la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) va más allá: pide sostener el paro por tiempo indeterminado hasta que la ley se cumpla.
“Se cumplen 300 días desde que el Gobierno decidió no cumplir una ley sancionada por el Congreso”, disparó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, y agregó: “No estamos hablando de una diferencia de criterios ni de una discusión presupuestaria: es una obligación legal. El Gobierno no puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no”.
