Paro universitario en puerta: docentes exigen el 51% adeudado y rectores alertan sobre un cuatrimestre “crítico”

El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades nacionales se ve amenazado por un conflicto que se profundiza. Los gremios docentes lanzaron un paro nacional para el 16 de marzo y amenazan con extenderlo por tiempo indeterminado, mientras los rectores advierten sobre la gravedad de la situación si no se aplica la ley de financiamiento.

La Asociación Gremial Docente de la UBA fue contundente: “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”. La medida de fuerza, que se extenderá hasta el 22 de marzo, incluirá paros, movilizaciones y clases públicas para visibilizar el reclamo.

¿Cuál es el origen del conflicto?

La raíz del problema está en la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, promulgada en octubre de 2025 tras el rechazo del Congreso a los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida a la espera de que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas en el Presupuesto.

Frente a este incumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo en diciembre. La Justicia falló a su favor y el juez federal Martín Cormick obligó al Ejecutivo a cumplir la ley de forma inmediata, especialmente en lo referente a la actualización de partidas para salarios docentes y becas estudiantiles.

Estudiantes universitarios, gremios y organizaciones sociales movilizan al Congreso de la Nación.

La nueva propuesta del Gobierno que genera rechazo

En febrero de 2026, el Gobierno apeló la medida cautelar y presentó un nuevo proyecto de ley para modificar la normativa vigente. Esta iniciativa es rechazada tanto por docentes como por rectores, quienes aseguran que “desvirtúa el espíritu de la ley original”.

La diferencia central está en la recomposición salarial. La ley actual obliga al Estado a reconocer la pérdida por inflación desde el 1° de diciembre de 2023. En cambio, la propuesta oficial solo reconoce la pérdida de 2025. Desde la Conadu denunciaron: “Del 55% del salario perdido de 2023, el nuevo proyecto ofrece recuperar un 12% en tres cuotas”.

Tras el revés judicial, el Gobierno envió una nueva iniciativa al Congreso que modifica la actual Ley de Financiamiento Universitario.

Oscar Alpa, titular del CIN, explicó la gravedad: “Recordemos que el 93% de la partida presupuestaria para el sistema universitario está destinada a salarios, que además están totalmente deprimidos, por lo que hay docentes que renunciaron”. Los gremios reportan que hay profesores que cobran alrededor de $250.000 mensuales.

Un sistema al borde del colapso

La propuesta oficial también difiere en los gastos de funcionamiento. Mientras la norma vigente exige recomponer la pérdida por inflación de los últimos dos años en áreas como hospitales universitarios y ciencia, la nueva iniciativa no contempla esa recomposición para 2024 y 2025.

Además, establece que solo habrá una actualización del presupuesto en 2026 si la inflación anual supera el 14,3%. Esto deja a las universidades en una situación de extrema vulnerabilidad financiera.

Los sindicatos preparan protestas para el 16 de marzo.

Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu, advirtió sobre la escalada del conflicto: “Si el gobierno nacional avanza en el intento de reformar la ley, nos asomamos hacia un horizonte de posible paro por tiempo indeterminado. La falta de responsabilidad del Estado nacional es imperdonable. El malestar de la docencia es muy grande”.

Advertencia de un cuatrimestre “crítico”

A fines de febrero, el CIN emitió un comunicado exigiendo nuevamente el cumplimiento de la ley “para recuperar el salario perdido en 2024 y 2025 y que se convoque a paritarias”. Subrayaron que es fundamental actualizar los gastos de funcionamiento, el sistema científico-tecnológico y los montos de las becas estudiantiles.

“No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del ciclo lectivo 2026”, concluyó el organismo.

Los rectores advierten que el cuatrimestre “será crítico” sin financiamiento.

Oscar Alpa fue directo: “Si no se aplica correctamente la ley, será un cuatrimestre crítico para el sistema universitario”. Una visión que comparte Clara Chevalier, quien anticipó: “Tendremos un año de cursada muy complicado”. El escenario pinta complejo para el inicio de clases, con la educación pública universitaria en el centro de una pulseada por su financiamiento.