Pasaron siete años y la causa por el femicidio de Lorena Romero sumó un pedido que nadie esperaba
La fiscal María Noel Benítez pidió desvincular a uno de los imputados por el femicidio de Lorena Romero y, al mismo tiempo, salió a buscar los registros de tres antenas de telefonía del día en que la joven desapareció. Qué encontró la investigación y por qué el pedido todavía no es definitivo.
La investigación por el femicidio de Lorena Noemí Romero volvió a moverse esta semana con dos decisiones que tomó la Fiscalía en paralelo. Por un lado, el Equipo Fiscal N°11 de Resistencia, a cargo de María Noel Benítez, pidió el sobreseimiento total y definitivo de Osvaldo Eliseo Sandoval, imputado por encubrimiento agravado. Por el otro, ordenó reclamar a tres operadoras de telefonía los registros de comunicaciones del 10 de junio de 2019, el día en que la joven desapareció.
Las actuaciones quedaron formalizadas el 10 de noviembre de 2026 dentro del expediente N°20814/2019-1. La causa sigue en etapa preparatoria, más de siete años después del hecho, y todavía no fue elevada a juicio.
Por qué la Fiscalía pidió desvincular a Sandoval
La presentación fue dirigida al juez de Garantías N°1, Luciano Franco Javier Roy. Benítez sostuvo que la acción penal por el delito atribuido a Sandoval se extinguió por prescripción y apoyó el planteo en los artículos 59, 62 y 67 del Código Penal y en las normas del Código Procesal Penal provincial.
Según la Fiscalía, el último acto procesal con efecto interruptivo fue el primer llamado a declaración indagatoria, del 9 de septiembre de 2019. Desde entonces, a criterio de la funcionaria, pasó más tiempo del que fija la ley para mantener vigente la acción penal por ese delito.
El pedido cambia el escenario procesal del imputado, pero no lo desvincula automáticamente: la decisión final queda en manos del juez de Garantías. La solicitud alcanza solo a Sandoval y no implica cerrar la investigación sobre el resto de las personas vinculadas a la causa.
El auto y los cabellos que lo conectaron con el caso
De acuerdo con la descripción de los hechos que la propia Fiscalía incluyó en su escrito, Sandoval fue investigado por su relación con un Chevrolet Astra blanco que, según la hipótesis del expediente, habría sido usado para trasladar el cuerpo de Lorena. El vehículo era de su propiedad y durante las pericias se hallaron siete cabellos que un cotejo microscópico atribuyó a la víctima.
Con esos elementos, Sandoval había quedado imputado por el supuesto delito de encubrimiento agravado. El planteo actual de la Fiscalía no se basa en una determinación sobre su inocencia o responsabilidad, sino en el paso del tiempo.
Los oficios a Personal, Claro y Movistar
En paralelo, el Equipo Fiscal N°11 libró oficios a las gerencias de requerimientos judiciales de Telecom Personal, Claro y Movistar. Lo que busca es información histórica sobre antenas y celdas que daban cobertura en sectores puntuales de Puerto Vilelas y Resistencia el 10 de junio de 2019.
El requerimiento abarca tres lugares y franjas horarias precisas: la avenida Río Paraná sin número, en Puerto Vilelas, entre las 16 y las 17; la esquina de Fortín Rivadavia y San Lorenzo, en Resistencia, entre las 20 y las 21; y Fortín Alvarado 844, también en Resistencia, entre las 22 y las 23.
Para cada sector, la Fiscalía pidió datos técnicos sobre las antenas: ubicación geográfica, orientación y área de cobertura. También reclamó los registros de las líneas que hayan hecho o recibido llamadas, enviado mensajes de texto o usado conexiones de datos a través de esas antenas en esas horas, con identificación de los titulares.
Un plazo de 24 horas y una dificultad: los años
Los oficios, fechados el 10 de noviembre, llevan el carácter de «muy urgente» y dan a las empresas 24 horas desde su recepción para responder. La Fiscalía justificó la medida en la necesidad de completar diligencias previas y obtener datos técnicos para un análisis retrospectivo de las comunicaciones.
Según la documentación judicial, al inicio de la investigación no se contaba con toda la información técnica que ahora se pretende incorporar. El problema es la antigüedad: se piden registros de junio de 2019. Que estén disponibles dependerá de los sistemas de conservación de cada compañía y de las obligaciones que rigen para cada tipo de registro. Hasta ahora, los papeles examinados no incluyen respuestas de las operadoras que permitan saber si esos datos todavía existen.
Una cabo primero citada a declarar
Las actuaciones recientes también incluyen la citación de una integrante de la División Delitos contra las Personas de la Policía del Chaco. Por providencia del 10 de noviembre, la Fiscalía fijó una audiencia testimonial para el 26 de noviembre de 2026 a las 9, en la sede del Equipo Fiscal N°11, en avenida 9 de Julio 236 de Resistencia.
La convocada es la cabo primero Alicia Araceli Acevedo, que deberá presentarse de manera presencial. La resolución no precisa sobre qué aspectos será interrogada ni cuánto podría aportar a la investigación.
Siete años sin respuestas completas
Lorena Noemí Romero tenía 21 años cuando desapareció el 10 de junio de 2019 en Resistencia. Días después, partes de sus restos fueron encontradas a orillas del río Paraná, en jurisdicción de Reconquista, provincia de Santa Fe.
La investigación involucró a Ezequiel Maximiliano Ramos, Ramón Ramos, Walter Ramón Ramos, Gonzalo Gerardo Calizaya Medina y Osvaldo Eliseo Sandoval. De acuerdo con las actuaciones fiscales recientes, todos se encuentran en libertad.
En los últimos meses la causa sumó declaraciones testimoniales, requerimientos de información y estudios periciales para esclarecer las circunstancias del crimen. A la vez, las defensas cuestionaron la duración prolongada de la investigación y reclamaron definiciones sobre la situación procesal de sus representados. El pedido de sobreseimiento de Sandoval responde a uno de esos planteos, aunque la resolución definitiva sigue en manos del Juzgado de Garantías.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa impulsando medidas para reconstruir lo que pasó el 10 de junio de 2019. A más de siete años del femicidio, el expediente permanece abierto, con diligencias en curso y sin fecha establecida para una eventual elevación a juicio.
