El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial calificó el nuevo esquema como una "estafa de por vida" y advirtió que los conductores seguirán pagando sin obras de ampliación. La falta de una vía alternativa gratuita y los cobros electrónicos durante las obras encienden las alarmas.
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, volvió a cuestionar el nuevo esquema de concesiones viales y advirtió que los conductores seguirán pagando peaje sin que se concreten las ampliaciones prometidas en el puente General Manuel Belgrano. Sus declaraciones, en el programa Equipo de Mañana de Radio LT7 y Canal 13 de Corrientes, reavivaron la polémica por el sistema que impulsa el Gobierno nacional.
Lasca fue categórico al calificar el modelo como una “estafa de por vida” y sostuvo que las condiciones afectan especialmente a quienes cruzan a diario el río Paraná entre Chaco y Corrientes. Según su visión, el esquema prioriza la recaudación por encima de las obras de infraestructura, un punto que consideró central en la discusión.
Sin alternativa gratuita
Uno de los argumentos más fuertes del dirigente es la falta de una vía alternativa gratuita. El puente General Belgrano es la principal conexión vial directa entre Resistencia y Corrientes, y no existe un camino terrestre que permita evitar el peaje.
“Quienes vivimos en esta parte del país no tenemos camino alternativo porque tenés un puente y tenés el río”, expresó Lasca. Esa situación, según planteó, limita la posibilidad de elegir otra ruta y afecta especialmente a trabajadores, estudiantes, transportistas y personas que cruzan por razones laborales, comerciales, educativas o sanitarias.
También puso en duda los mecanismos de participación ciudadana. “Se han llevado a cabo algunas audiencias públicas e inclusive consultas ciudadanas por escrito, pero son audiencias sin legitimación, no son vinculantes”, afirmó.
Ampliaciones que no llegan y riesgo vial
Otro eje de sus críticas fue la ausencia de obras para ampliar la capacidad de circulación en las rutas concesionadas. “Pagamos para matarnos porque no se prevé ningún tipo de ampliación”, disparó Lasca. A su entender, el crecimiento del tránsito debería ir acompañado de inversiones que mejoren la infraestructura y reduzcan los siniestros viales.
En el caso del puente General Belgrano, la discusión toma especial relevancia por el movimiento diario de autos particulares, colectivos y transporte de cargas que usan esa conexión estratégica para la región. El dirigente insistió en la necesidad de conocer qué obras están efectivamente incluidas en los contratos de concesión y qué compromisos asumirán las empresas explotadoras de los corredores viales.
TelePASE y tarifas diferenciadas bajo la lupa
Lasca también rechazó la incorporación de tecnologías de cobro electrónico y las diferencias tarifarias según el medio de pago. En particular, cuestionó que los conductores no adheridos a sistemas electrónicos deban pagar importes superiores, lo que considera una penalización económica para quienes optan por no usar herramientas digitales.
Asimismo, advirtió que los mecanismos tradicionales de cobro en las estaciones de peaje, con detenciones y demoras, pueden generar situaciones de riesgo vial. Sostuvo que los usuarios ya contribuyen al financiamiento de la infraestructura a través de los tributos incluidos en el precio de los combustibles, por lo que el peaje representa una carga adicional. No obstante, los impuestos sobre combustibles y las tarifas de peaje corresponden a regímenes de financiamiento diferentes, por lo que la caracterización como doble imposición es una interpretación del representante de los usuarios.
Cabinas liberadas y descuentos electrónicos: la duda de los conductores
A los cuestionamientos del dirigente se sumaron inquietudes de automovilistas que usan el puente y notaron diferencias en las modalidades de cobro durante los trabajos en las cabinas. Según testimonios recogidos por Diario Norte, algunos pudieron atravesar las estaciones sin pagar de forma presencial, mientras que otros usuarios de TelePASE aseguraron haber recibido descuentos automáticos en sus cuentas vinculadas a Mercado Pago.
La situación generó interrogantes sobre el procedimiento aplicado durante las obras y las condiciones en que corresponde cobrar. Sin embargo, los testimonios disponibles no permiten determinar que exista una irregularidad, ya que los cargos podrían responder al funcionamiento del sistema electrónico durante la transición. Ante esto, los usuarios pidieron información oficial sobre cómo se realizan los cobros y qué mecanismos de consulta o reclamo están disponibles.
Reclamo por mayor representación institucional
Lasca también apuntó a la falta de mecanismos efectivos de representación ciudadana ante las autoridades responsables de la infraestructura vial. En ese marco, mencionó la prolongada falta de designación de un titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que tiene entre sus funciones la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública.
Para el coordinador de CONADUV, la ausencia de una conducción formal dificulta la intervención institucional ante reclamos vinculados con servicios públicos y concesiones.
El debate de fondo: obras, plazos y control
Las declaraciones reabrieron la discusión sobre las condiciones del sistema de concesiones viales y las inversiones previstas para garantizar el mantenimiento, la ampliación y la seguridad de las rutas nacionales. El puente General Belgrano es una infraestructura esencial para la integración económica y social de Chaco y Corrientes, por lo que las condiciones de circulación y las tarifas afectan directamente a miles de usuarios.
Mientras avanza la implementación del nuevo esquema, los cuestionamientos apuntan a la necesidad de contar con información pública sobre las obras comprometidas, los plazos de ejecución, las modalidades de cobro y los mecanismos de control. El principal interrogante que plantea el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial es si el costo que afrontarán los automovilistas tendrá como contrapartida mejoras concretas en la infraestructura y en la seguridad del corredor interprovincial.