Pedís el boleto mínimo y la máquina te cobra el más caro: la causa de $30.000 millones que llega a Caputo

La Justicia federal tiene en sus manos una denuncia por un presunto fraude de 30.000 millones de pesos en el reparto de subsidios a empresas de colectivos. Según los querellantes, líneas del grupo Nuevo Metropol cobraban a los pasajeros tramos más largos de los que recorrían y así se quedaban con una porción mayor del fondo de compensaciones que reparte el Estado.

El expediente también apunta a la Secretaría de Transporte, que durante el período en que se detectaron las irregularidades estaba a cargo de Luis Pierrini y depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. De acuerdo con la denuncia, el organismo no habría realizado los controles que le correspondían pese a haber recibido advertencias técnicas, reclamos del sector e informes de cámaras empresarias.

Quiénes denuncian y qué período abarca la causa

Los querellantes son la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. El análisis comprende las tarifas cobradas entre octubre de 2024 y octubre del año pasado.

El contexto no es menor: a fines de 2024 el Gobierno modificó con la resolución 45 la forma de calcular las compensaciones. El criterio dejó de apoyarse en la oferta de servicios y pasó a basarse en la demanda, es decir, en las secciones que abonan los pasajeros de cada línea. Si los registros muestran viajes con tramos altos, la compensación tarifaria que recibe la empresa transportista crece.

Por qué el sobreprecio golpea dos veces

Con ese esquema, cobrar una tarifa superior a la que corresponde produce un doble perjuicio. El pasajero paga de más y, al mismo tiempo, se altera el reparto de un monto fijo de subsidios que aporta el Estado. La denuncia lo describe como un "beneficio indebido en desmedro del resto de las empresas": la masa de compensación a distribuir se mantiene constante, pero se reparte de manera injusta. Los denunciantes calculan el impacto económico en 30.000 millones de pesos.

La maniobra: pedías la tarifa mínima y te cobraban la más cara

Un ejemplo ilustra la mecánica que se investiga. Un pasajero sube al colectivo, solicita la tarifa mínima y se baja en el lugar que le indicó al chofer. Aun así, le cobraban el boleto más caro, el que corresponde a viajes de hasta 27 kilómetros.

Según la denuncia, en las líneas de Sargento Cabral, del grupo Nueva Metropol, se habría modificado incluso la botonera que marca las secciones del viaje. Con ese cambio, las secciones 1 y 2 quedaban anuladas y se cobraba directamente la sección 5, la más costosa.

Los números del expediente reflejan un salto llamativo: los viajes registrados con esa sección pasaron de unos 300.000 a cerca de 1 millón. La investigación se concentra en las líneas 136, 182 y 163.

Qué contaron los exchoferes

Exchoferes de las líneas investigadas declararon como testigos, bajo juramento de decir verdad. Según esos testimonios, recibían órdenes de marcar trayectos más largos que los que pedían los pasajeros y los amenazaban con sanciones si no cumplían.

Los testigos también relataron que en días de paro o feriados les indicaban que siempre debían cobrar la sección más cara. Cuando los pasajeros advertían el sobrecosto y reclamaban, les respondían que la queja debía presentarse ante la empresa.

Más de 130 reclamos en la CNRT

El expediente incorpora informes de la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Allí figuran reclamos de usuarios por "cobros indebidos o a la incorrecta asignación de secciones tarifarias" durante 2025. En total se registraron 136 reclamos contra las líneas de la misma empresa.

El rol del Estado, bajo la lupa

Uno de los ejes centrales de la denuncia es el papel de las autoridades. Según se desprende del reclamo, los organismos competentes no habrían realizado los controles adecuados, pese a que existían advertencias técnicas, reclamos del sector e informes de cámaras empresarias.

Esas cámaras habían presentado una nota ante la Secretaría de Transporte en la que alertaban sobre un crecimiento abrupto de la llamada "distancia media abonada" en varias líneas de la empresa denunciada. Cuando la queja llegó a la Justicia, Metropol respondió con una contradenuncia contra los directivos de las cámaras, sosteniendo que la denuncia formaba parte de una interna empresarial por competencia.

Por ahora, el juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido para apartar como querellantes a las cámaras que denunciaron los hechos. Si se comprobara complicidad estatal, el escándalo podría convertirse en un fuerte dolor de cabeza para el Gobierno.