Peñas Negras: la comunidad que resiste en el cerro y la trama que nadie quiere contar

La comunidad indígena Peñas Negras sostiene desde hace años un conflicto con las mineras Amalaya S.A. y Elevado Gold por la intromisión en su territorio sin autorización. La abogada defensora del pueblo, Andrea Leanza, denunció hostigamiento, represión policial y una justicia que no responde.

Según el relato de Leanza, el conflicto territorial se remonta a 2021, cuando la empresa Elevado Gold llegó a la región como operadora de la concesionaria Millaray S.A. El objetivo: tareas de prospección geológica para extraer muestras de mineral en el marco del proyecto “Alto El Mulato”, en la zona de Belén habitada por Peñas Negras, a entre 68 y 80 km de Laguna Blanca.

En esa región existían ocho comunidades indígenas autoproclamadas: Laguna Blanca, Corral Blanco, Peñas Negras, Aguas Calientes, Carachi, La Angostura, Llasray Ñam y Vicuña Huasi. Peñas Negras comparte parte de su territorio con Jasimaná, comunidad cuyas bases se localizan entre Catamarca y Salta, donde se quiere llevar adelante el pedimento.

La fractura que dejó la minería

“Antes de que llegue la empresa, todas las comunidades estaban organizadas en la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén, una organización de segundo grado, y se reunían con la Secretaría de Minería, Teresita Regalado, quien hoy es ministra. En esa reunión, que cuenta con acta, se cuestionaba el permiso otorgado sin el consentimiento previo, libre e informado de todas estas comunidades afectadas por el proyecto. Todos manifestaban que este proyecto era incompatible con su modo tradicional de vida y solicitaban a la empresa que se retire”, contó la letrada.

Y agregó: “El gobierno no retiró los permisos, los renovó e insistió comprando las voluntades políticas de caciques mediante la creación de grupos pro mineros para convencerlos de cambiar su postura con prebendas, sobornos y promesas de trabajo. Por este motivo, algunas comunidades traicionaron a la Unión Diaguita y se aliaron con la provincia en contra de sus hermanos. Por esto el gobierno provincial es el principal responsable y promotor de los hechos de violencia actuales”.

En cuanto a la magnitud del conflicto, Leanza detalló: “Peñas Negras cuenta con 37 familias y alrededor de 100 comuneros entre niños y ancianos. Entre las comunidades de Aguas Calientes, Corral Blanco, La Angostura, Yastañán, Laguna Blanca y Vicuña Huasi hay alrededor de 500 familias. En la comunidad indígena de Jasimaná hay más de 800 personas entre niños y ancianos. En total suman casi 1000 indígenas afectados”.

Balas de goma, golpes y una causa archivada

La abogada sostuvo que “existieron hechos de violencia, golpes y disparos de balas de goma, cuando Infantería de la provincia, encabezada por un grupo conformado por empleados de la empresa y manifestantes promineros, intentó subir por la fuerza al cerro en dos oportunidades para extraer minerales. En ambos casos la policía ingresó por la fuerza al territorio comunitario en vehículos sin patentes ni identificación y actuaría como seguridad privada de la empresa minera por orden del Ejecutivo sin que medie ninguna orden judicial”.

Según su relato, todo el material probatorio fue presentado en la fiscalía de Belén con conocimiento del fiscal general y de la Procuración de la Corte, pero hasta el momento ningún efector de la justicia se hizo presente para investigar. “Ingresé por Salta ya que no tenía las garantías suficientes de poder llegar desde Belén debido a amenazas sufridas, y pude constatar que se encuentran golpeados, tienen golpes de puño en el rostro, se observan varios cartuchos desplegados por la zona y hay niños llorando. Es urgente la presencia de un equipo interdisciplinario en Peñas Negras”, relató.

“Hace 5 años denunciamos formalmente ante la Procuración de la Corte y la Fiscalía General que se le niega el acceso a la justicia a Peñas Negras y que además es criminalizada de forma sistemática, como ocurrió con el caso del abuelo Don Félix Calante, a quien policías golpearon reiteradamente mientras escoltaban a 6 geólogos que hacían pruebas sin autorización justo cuando él estaba de turno, terminando hospitalizado”, dijo. Para la letrada, si bien la situación se hizo pública y tuvo difusión, en la Justicia se archivó el expediente a pesar de la insistencia.

“Hay una criminalización gigante hacia Peñas Negras porque las empresas al denunciar amenazas son escuchadas y tienen acceso a la justicia y esta imputa a la comunidad, pero cuando es el pueblo quien denuncia no tenemos respuesta”, opinó.

“Se vive en un estado de facto sin derechos con excepción de las garantías constitucionales. Hemos hecho presentaciones ante la justicia provincial, la fiscalía penal y el Ministerio de Minería en tiempo y forma, sin tener respuesta de ningún lado debido a una inacción por parte de la justicia. En estos próximos días estamos por presentar una acción de amparo ante la Corte de Justicia y continuar con las denuncias ante la corte internacional”, expresó la defensora de la comunidad.

La siembra que no se puede hacer

Sobre el conflicto con la policía, Leanza detalló: “La presencia de la policía y de las empresas irrumpe totalmente en la actividad económica de Peñas Negras porque se encuentran en un momento clave de la siembra, el trabajo de la tierra y la parición de los animales. En julio y agosto se trabaja arduamente en el campo, pero deben dejar esa actividad para cuidar la frontera de su territorio. Ellos viven del trabajo artesanal textil, criando animales y siendo pastores de altura. Sin embargo, el gobierno reitera el permiso a la empresa sin ningún informe que dé cuenta del impacto psicológico, cultural, social y económico que el proyecto generó por varios años”.

“Por más que vecinos respalden este proyecto, hay que tener en cuenta que este pedimento se localiza en un territorio comunitario, en el territorio de la comunidad Peñas Negras, y por su derecho constitucional e internacional tiene el derecho a decidir libremente qué proyecto o actividad se va a desarrollar en su territorio, incluso si están en zonas cercanas y pueden ser afectadas. El gobierno provincial tiene que respetar estos mandamientos en lugar de promover un proyecto violatorio de los derechos de la comunidad”, concluyó.