Pensiones truchas en Salta: un diputado y 14 personas más, imputadas por una red que cobraba hasta $1.000.000

Una organización que operaba en el departamento Anta habría falsificado certificados médicos y estudios para otorgar pensiones por discapacidad a personas que no las necesitaban. El perjuicio al Estado sería de unos $3.280 millones mensuales, según la Fiscalía Federal de Salta.

Este miércoles, el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy, realizó la primera audiencia de la causa. Allí, 15 personas quedaron formalmente imputadas, entre ellas el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana, ex gerentes del hospital de El Quebrachal, médicos, empleados municipales y un ex jefe de ANSES.

¿Quiénes son los imputados?

La lista incluye a Roberto Bernardino Morales, César Ramiro Blanco y Oscar Ricardo Luna, quienes se desempeñaron como gerentes del hospital público de El Quebrachal en distintos períodos. También figuran empleados de las áreas de Acción Social de El Quebrachal y Joaquín V. González, personal de ANSES y el diputado Orellana, oriundo de Joaquín V. González.

Según la acusación, los involucrados habrían cobrado sumas que iban desde $45.000 hasta $1.000.000 por gestionar los trámites. La maniobra habría permitido que personas que no cumplían los requisitos, o incluso que no tenían ninguna discapacidad, obtuvieran el beneficio.

¿Cómo funcionaba la red?

La investigación sostiene que la organización contaba con una estructura jerárquica. Profesionales de la salud, empleados y funcionarios públicos participaban en la elaboración de certificados médicos falsos, la alteración de historias clínicas y la modificación de resultados de laboratorio y radiografías.

Entre las patologías que se repetían en los expedientes figuraban la enfermedad de Chagas y la diabetes. Se detectó que algunos estudios originales eran copiados y reutilizados para diferentes personas. Incluso, personas que no eran médicas firmaban certificados de discapacidad.

El esquema también tenía un componente político: operadores reclutaban a familias vulnerables y les ofrecían gestionar pensiones a cambio de favores políticos y apoyo electoral.

¿Cómo comenzó la investigación?

La pesquisa se inició de oficio el 24 de julio de 2024, a partir de un procedimiento en la provincia del Chaco donde se hallaron certificados médicos falsificados emitidos por un profesional de Joaquín V. González. El fiscal general Carlos Amad explicó que, a partir de ese hallazgo, se reconstruyó la estructura que operaba en distintas localidades del departamento Anta.

El trabajo conjunto con Gendarmería Nacional incluyó entrevistas con beneficiarios, testimonios de identidad reservada y el cruce de información con ANDIS, ANSES, ARCA y el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

En total se realizaron 26 allanamientos en oficinas públicas, clínicas privadas, hospitales y dependencias municipales de El Quebrachal, Joaquín V. González y Gaona. Se secuestraron radiografías de tórax y columna, muchas con desviaciones y espacios en blanco para completar después, y estudios de laboratorio con resultados positivos de Chagas que serían copias.

¿Cuál es la magnitud del fraude?

El entrecruzamiento de datos reveló que en la zona se otorgaron 39.775 pensiones no contributivas por discapacidad. De esas, unas 9.000 no cumplirían los requisitos. En el departamento Anta hay 4.305 pensiones, lo que representa el 15% de la población con discapacidad de la zona.

“La causa torna una gravedad social increíble, además de la defraudación al Estado”, sostuvo Amad. Y agregó: “No se hace esto de jugar con la gente, es ilícito, además es gente vulnerable que después le tenía que pagar con un chancho a esta gente”.

¿Qué delitos se imputan?

Los 15 imputados enfrentan cargos por asociación ilícita para defraudar al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y falsificación de documentos públicos. En un caso, también se investiga el ejercicio ilegal de la medicina.

La Fiscalía pidió ampliar la investigación por un año, la inhibición general de bienes de los imputados y la prohibición de salir del país. Ahora, el Juzgado Federal N° 2 deberá resolver las medidas, mientras se espera que la causa crezca con nuevos involucrados.