Pequeños productores en alerta: la nueva ley de tierras que puede dejar sin alimentos a la Argentina

La avanzada del Gobierno para derogar la Ley de Tierras Rurales encendió las alarmas entre pequeños agricultores y organizaciones sociales. Advierten que el proyecto no solo habilita desalojos exprés, sino que pone en jaque la soberanía alimentaria.

La iniciativa oficial, que se tratará en el Senado, modifica el Código Civil, limita la expropiación y deroga artículos de la Ley de Manejo del Fuego. Para los referentes del sector, el impacto sería inmediato en las comunidades campesinas e indígenas.

¿Qué cambia con la nueva ley?

El proyecto, que lleva la firma del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, elimina las restricciones a la compra de tierras por extranjeros. Según el oficialismo, esto busca incentivar inversiones. Pero las organizaciones denuncian que acelerará los desalojos y profundizará la concentración territorial.

Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), señaló que el problema no es solo la velocidad judicial, sino la legitimación de una deuda histórica. "Hay una deuda histórica con los sectores originarios y campesinos, que se ha trabado mucho en la posibilidad de regularización dominial. Algunas comunidades tienen títulos, pero un montón no", afirmó.

Además, la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena deja a las comunidades sin herramientas de defensa. La tierra dejaría de ser un bien social para convertirse en un activo financiero.

Números que preocupan

Según el Censo Agropecuario, el 63,7% de las explotaciones son de pequeños productores, pero ocupan solo el 13,4% de la superficie. Y aunque producen el 60% de los alimentos frescos que llegan a las mesas argentinas, el 75% no es dueña de la tierra que trabaja.

Giuliana Alderete, de Tierra Nativa, explicó que el desafío no es solo conservar la tierra, sino acceder a nuevas superficies. "Mientras una familia productora accede al mercado mediante créditos limitados, las operaciones de gran escala son realizadas por actores con capacidades financieras muy superiores", detalló.

¿Qué pasa con los precios de los alimentos?

Levaggi advirtió que la extranjerización de tierras atenta contra la producción de alimentos. "Toda tierra extranjerizada puesta en función atenta contra la producción de alimentos; cada metro perdido es un metro menos de posibilidad de producción de alimento también para el futuro", sostuvo.

El dirigente de la UTT explicó que la desaparición de pequeños productores encarece los precios y somete a la sociedad a la lógica de las corporaciones. "Si vos no tenés primero una producción de alimentos diversa, sino grandes extensiones de monocultivo, desaparecen los pequeños productores y lo que tenés son grandes empresas concentradas que te manejan el precio", señaló.

Y puso un ejemplo concreto: "En Chacabuco ya no se produce verdura local. Toda la verdura se trae del Gran La Plata", lo que implica mayores costos y dependencia.

La tierra como territorio, no como mercancía

Andrea Graciano, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, remarcó que la discusión no puede limitarse a quién es el dueño. "La pregunta central debería ser quién tiene la capacidad de decidir sobre los territorios, quién define qué se produce, cómo se produce y para quién se produce", afirmó.

Graciano alertó que el contexto actual es de debilitamiento de políticas públicas que protegían la agricultura familiar. "Este proyecto podría agravar aún más la situación", advirtió. Y recordó que figuras como Miryam Gorban plantean la necesidad de una reforma agraria.

En la misma línea, Alderete puso el foco en el control del agua. En Catamarca, más del 80% de las explotaciones son de pequeños productores, y la producción depende del acceso a vegas altoandinas y áreas de pastoreo. Departamentos como Tinogasta presentan niveles de titularidad extranjera muy superiores al promedio, coincidiendo con recursos hídricos estratégicos y proyectos mineros.

"Hablar de tierra implica hablar también de territorio y de las condiciones materiales que hacen posible la vida", insistió Alderete. La pregunta que queda abierta es: ¿Qué herramientas conserva el Estado para garantizar que el desarrollo económico sea compatible con la producción de alimentos y los derechos de quienes habitan esos territorios?