Perdió 34 animales en un mes, se cansó de las denuncias y entregó el campo: “No me dejan trabajar”

Un productor de Olavarría tomó una decisión que nunca quiso tomar. Francisco Franco va a abandonar el campo que alquila y se va a llevar los animales que le quedan, después de sufrir dos ataques de faena en apenas un mes. Las cifras del golpe son contundentes: 34 animales faenados y pérdidas que superan los $40 millones.

“Alquilo unas 200 hectáreas y tengo una gran impotencia porque no me dejan trabajar. Por eso voy a entregar ese campo y dejarlo sin animales porque hasta que la policía no actúe y no agarre a alguien esto no van a parar”, contó Franco a LA NACION.

Dos noches consecutivas, un mes de diferencia

El primer ataque ocurrió la noche del 15 de septiembre. Los delincuentes se llevaron 10 terneros y dejaron uno muerto en el lugar porque era chiquito. Al día siguiente volvieron: mataron otros 19 terneros, se llevaron apenas seis y dejaron el resto tirado en el campo. Según detalló el productor, los animales fueron muertos con armas de fuego.

El 16 de octubre, exactamente un mes después de aquellos episodios, la metodología se repitió. Esta vez faenaron tres vaquillonas preñadas, a punto de parir, y un ternero. Se llevaron la mayor parte de la carne.

Franco considera que hay un ensañamiento en su contra por haber hecho las denuncias. “Volvieron los mismos delincuentes con más ensañamiento y rigor. Hay mucha impunidad en esta gente que mata y deja animales tirados”, sostuvo. Tenía un rodeo de unas 80 cabezas y perdió una parte importante de su capital de trabajo.

Una ola de delitos rurales que no se detiene

El caso de Franco no es aislado. Según los damnificados, los ataques se repiten desde hace más de dos años en campos cercanos a la ciudad de Olavarría, sin avances significativos en las investigaciones.

Alberto Mancusi, otro productor de la zona, afirmó que los problemas de seguridad comenzaron a agravarse a principios de 2024. “Todo comenzó a descontrolarse en Olavarría”, señaló. Recordó que en 2025 un grupo de pequeños ganaderos se reunió con responsables de seguridad y llevó más de 35 denuncias realizadas en la comisaría de la zona. La respuesta no se tradujo en avances concretos y los ataques continuaron.

“Son más de 35 denuncias en los últimos dos años y, si a eso se suman los que no se denuncian, debemos estar arriba de los 50 hechos de abigeato y otros tipos de inseguridad rural como es el caso de corte de alambre”, afirmó Mancusi.

Alambrados cortados: una modalidad que multiplica el daño

Los ataques ya no se limitan a los animales. En los últimos días, los productores encontraron alambrados cortados en pequeños segmentos de unos 50 centímetros, una modalidad que vuelve inútil el material y obliga a reemplazarlo por completo. Mancusi estimó que en la última semana los daños alcanzaron unos 2000 metros de cerco en campos de 10 productores.

La forma de los cortes agrava las pérdidas: en lugar de derribar tramos completos que puedan repararse con postes o varillas, los delincuentes fraccionan los alambres en pedazos que ya no sirven. Un productor calculó en $15 millones el costo de reparación de su alambrado.

Para los pequeños ganaderos, el impacto económico es especialmente duro. Mancusi explicó que un ternero puede valer alrededor de $800.000 y que perder varios animales de una sola vez compromete la continuidad del negocio. A eso se suma el costo de recomponer las instalaciones y el tiempo que demanda volver a poner en condiciones un campo. “Es una sangría lo que hacen y lo de los alambres es un ensañamiento al tipo que labura”, expresó.

Indefensión y falta de respuestas

Los campos están muy cerca de la zona urbana y los productores consideran que esa ubicación debería facilitar la detección de movimientos sospechosos. Algunos instalaron cámaras de seguridad y otros empezaron a vigilar sus establecimientos durante la noche, aunque ahora temen exponerse a situaciones más peligrosas.

“Estamos en un estado total de indefensión y de agotamiento y la mayoría de los productores más jóvenes ya no quieren saber más nada de esto”, dijo Mancusi. Según explicó, algunos evalúan vender sus animales y abandonar la actividad.

El productor también cuestionó la falta de respuestas del municipio y de resultados en las investigaciones judiciales. Relató que en uno de los casos personal de Policía Científica realizó peritajes, pero los damnificados no recibieron resultados durante meses. Mancusi aseguró que, pese al tiempo transcurrido, no hubo novedades que permitieran esclarecer ningún episodio. Los damnificados aportan información sobre huellas, vehículos y recorridos que podrían haber seguido los delincuentes, pero esos datos no se traducen en detenciones.

Para Franco, la decisión ya está tomada: no quiere seguir exponiendo los animales que le quedan a nuevos ataques. Entre los productores que todavía intentan sostener sus establecimientos, la preocupación es que la falta de respuestas termine empujando a otros a abandonar el campo.

LA NACION buscó la opinión del intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner (Unión por la Patria), sobre la situación, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.