La cesárea salió bien y días después la mandaron a casa. Volvió con fiebre y terminó sin útero ni ovarios: la Justicia ahora apunta contra el hospital por lo que no le dijeron antes de irse.
La Justicia mendocina resolvió que el Hospital Luis Lagomaggiore cargue con una indemnización de $195 millones más intereses por la atención deficiente que derivó en una infección devastadora para una paciente. La mujer, que tenía 23 años cuando fue operada, perdió el útero y los ovarios y ya no podrá volver a ser madre.
El fallo lo firmó la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, con la firma de María Silvina Ábalos, Claudio Leiva y Claudio Ferrer. Los jueces dieron vuelta la plana respecto de lo que se había decidido en primera instancia, donde la demanda había sido desestimada, y concluyeron que el nosocomio público falló en su deber de asistir e informar a la joven.
La cesárea de urgencia y el regreso con fiebre
Todo arrancó en septiembre de 2019. Ese mes, la joven ingresó al hospital para una cesárea de emergencia que terminó con el nacimiento de su hija. Días después le dieron el alta y parecía que todo quedaba atrás.
Pero no. Al poco tiempo volvió al establecimiento con fiebre, dolor y claros signos de infección. El cuadro se disparó hasta convertirse en una gangrena de Fournier, una patología severa que destruye tejidos y exige cirugía inmediata.
Los médicos tuvieron que operarla para quitarle el útero y los ovarios. Además, la paciente pasó por terapia intensiva, necesitó respiración asistida y atravesó más intervenciones para frenar el avance de la infección.
Qué miró la Justicia para condenar
La investigación se centró en un punto: si el Lagomaggiore había cumplido con el cuidado y la prevención que corresponden después de un parto.
Uno de los datos que pesó fuerte fue la historia clínica. En ella no figuraba que la mujer hubiera recibido indicaciones sobre higiene y cuidados durante el puerperio. Para los camaristas, no alcanzaba con mostrar protocolos generales: el hospital tenía que probar que esas recomendaciones le habían llegado de verdad a la paciente.
A eso se sumaron irregularidades en los papeles. Al inicio del proceso, el establecimiento presentó una historia clínica de 116 fojas, cuando en realidad existían más de 230 páginas repartidas en tres tomos. Parte de esa documentación había estado perdida y se incorporó más tarde al expediente. La Cámara entendió que eso dejó a la demandante en desventaja, porque no pudo conocer desde el arranque todos los antecedentes de su atención.
El fallo de primera instancia y el giro en la Cámara
En la instancia inicial, la demanda había sido rechazada porque no se logró comprobar que una infección urinaria que la mujer había sufrido durante el embarazo fuera el origen de las complicaciones posteriores.
Sin embargo, los jueces de la Cámara consideraron que el análisis debía pasar por otro lado: la falta de información preventiva y las omisiones en la documentación del hospital.
La sentencia determinó que la ausencia de instrucciones adecuadas para el cuidado después de la cesárea constituyó una falta de servicio que incidió en las complicaciones que sufrió la paciente. También remarcó que no informar debidamente en el posparto puede configurar violencia obstétrica.
Cómo se reparte la indemnización
Del total de $195 millones, el tribunal fijó $175 millones para la mujer. De ese monto, $115 millones corresponden a la incapacidad sobreviniente y $60 millones al daño moral.
Para calcular esas cifras, los magistrados evaluaron la pérdida definitiva de su capacidad reproductiva, las secuelas físicas de la operación, la menopausia prematura y el golpe psicológico. También tuvieron en cuenta que las internaciones prolongadas le impidieron compartir parte de los primeros meses de vida con su hija.
Los $20 millones restantes fueron para su pareja, el padre de la niña, por el impacto que el episodio tuvo sobre el proyecto familiar que ambos tenían, incluida la chance de agrandar la familia.
A la suma de base hay que agregarle los intereses y las costas del juicio, que también quedan a cargo del hospital.
Qué pasó con la Provincia
La Cámara, en cambio, liberó de responsabilidad a la Provincia de Mendoza por la atención previa en el Centro de Salud N° 17 de Las Heras, donde la paciente se había tratado durante el embarazo. Las pericias descartaron que aquella infección urinaria tuviera relación causal con las complicaciones que aparecieron tras la cesárea.
El fallo todavía puede ser apelado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por lo que la condena no está firme y el monto final podría cambiar.