¿Qué pasaría si la inflación del NEA vuelve a correr por delante de los aumentos? La propuesta que presentó un diputado en la Legislatura chaqueña apunta justo a eso, y trae otras siete reformas al Presupuesto 2027.
El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó un despacho propio con ocho modificaciones al Presupuesto 2027 que mandó el gobierno de Leandro Zdero, y advirtió que el oficialismo dictaminó el proyecto "sin cambiarle una coma".
Según el legislador, el objetivo de sus reformas es uno solo: que lo que se vota se ejecute y que los recursos lleguen a los sectores que el ajuste viene castigando. "Este gobierno presenta presupuestos para la foto. Infla partidas que después no ejecuta, deja casi la mitad de la obra pública sin destino y pide autorización para endeudarse a corto plazo. Nosotros proponemos reglas claras para que los números se cumplan", señaló.
La cláusula gatillo vuelve al centro de la escena
La primera de las reformas recupera un mecanismo que, según Pérez Pons, el gobernador prometió en campaña y después dejó de lado. El despacho fija una actualización trimestral automática: cuando la inflación medida por el IPC-NEA supere los aumentos ya otorgados, esa diferencia se suma al sueldo del mes siguiente, sin tocar lo acordado en paritarias.
El financiamiento saldría de la mayor recaudación, del superávit, de la obra pública que todavía no tiene destino y de las vacantes que dejaron los retiros voluntarios.
"Zdero prometió la cláusula gatillo y se la quitó a los docentes. Hoy la inflación del NEA corre por delante de los salarios. Hay recursos para corregirlo, lo que falta es decisión", afirmó el diputado.
Salud: blindaje y metas de ejecución
El despacho apunta contra una práctica que, sostiene, se repite en la gestión provincial: inflar el presupuesto sanitario y luego ejecutar apenas el 60%. La propuesta es que durante 2027 no se puedan retirar fondos de Salud ni recortar las partidas de medicamentos, insumos médicos y prótesis.
Además, se establecen metas trimestrales de ejecución —20%, 45%, 70% y 95% al cierre del año— y la obligación de informar a la Legislatura en caso de incumplimiento.
En paralelo, el despacho reasigna $25.000 millones de la obra sin destino del Ministerio de Infraestructura a Salud, para infraestructura y equipamiento de hospitales públicos bajo el régimen de la Ley 3036-G.
Obra pública: cada peso con municipio y apellido
El 46% del plan de obras provincial no tiene ubicación definida. La iniciativa obliga al Ejecutivo a informar en un plazo de 60 días en qué municipio se hará cada una, con un reparto basado en criterios objetivos: 50% por población, 30% por necesidades básicas insatisfechas y 20% en partes iguales. Hasta que no cumpla con ese paso, el gobierno no podrá comprometer esos fondos.
"Una obra sin destino es un cheque en blanco para repartir según la conveniencia política. Cada intendente y cada chaqueño tiene derecho a saber qué le toca", sostuvo Pérez Pons.
Menos letras y una caja pública sin puerta abierta al privado
El tope de emisión de letras del Tesoro baja de $300.000 millones a $170.000 millones, con el fin de reducir el endeudamiento de corto plazo. También se limita el artículo 21: los adelantos de fondos solo podrán ir a programas con la Nación y con organismos multilaterales de crédito. Así se elimina la habilitación vigente para "cualquier persona física o jurídica, pública o privada".
"Después de tres años diciendo que venían a pagar la deuda de la gestión anterior, presentan un presupuesto con más deuda y con la puerta abierta para prestarle plata pública a privados", cuestionó.
Retiros voluntarios bajo la lupa y el costo de los beneficios fiscales
Sobre los retiros voluntarios, el despacho exige un informe con la cantidad de agentes que se retiraron y de cargos que se eliminaron. También prohíbe cubrir esas vacantes con personal nuevo, salvo a través de un Plan de Regularización Laboral para temporarios y contratados, con capacitación y criterios de antigüedad y formación. "Que no sean una puerta giratoria para nombrar a los propios", advirtió.
Por último, el Ejecutivo deberá detallar en 60 días el gasto tributario de cada régimen vigente: el costo del RINI, la baja de Ingresos Brutos, las deducciones por apadrinamiento de salud (Ley 4254-G) y su impacto en la coparticipación que reciben los municipios.
"Si el gobierno resigna recursos, los chaqueños tienen que saber cuánto cuesta y a quién beneficia", agregó.
"Lo que buscamos es simple: que los números se cumplan, que la obra llegue a todos los municipios y que el ajuste no lo paguen otra vez los trabajadores", concluyó Pérez Pons.
