Periodista denuncia agresiones y peligro extremo en su propia vivienda

Una periodista con discapacidad visual vive bajo constantes agresiones y en condiciones que ponen en riesgo su vida dentro de su propia casa, según denuncias presentadas ante la Justicia y el Ministerio Público Fiscal.

Liliana Antonia Romano, quien reside en calle Güemes al 800, sostiene que familiares se habrían apropiado de parte del inmueble en el marco de un conflicto sucesorio. Esta situación derivó en una escalada de violencia que, según sus declaraciones, lleva años desarrollándose.

¿Qué medidas de protección existen?

La denunciante aseguró que existe una medida de protección vigente desde 2024, pero que no se estaría cumpliendo. Pese a reiteradas presentaciones judiciales y médicas, afirma no obtener respuestas efectivas a sus reclamos.

En su relato, Romano describe episodios de extrema gravedad. Denunció haber sido golpeada, amenazada e incluso haber sufrido intentos de asfixia. Según consta en actuaciones judiciales, estos hechos no serían aislados sino reiterados en el tiempo.

¿Qué condiciones presenta la vivienda?

Uno de los puntos más alarmantes del caso es la denuncia sobre el estado de la vivienda. Romano afirma que sectores de la casa habrían sido “electrificados”, lo que le provocó descargas eléctricas. La situación se agravó con la humedad y las lluvias recientes.

También sostiene que le restringen el acceso a servicios básicos como el agua. Las imágenes aportadas muestran paredes con humedad extrema, instalaciones precarias y riesgo potencial tanto de derrumbe como de contacto eléctrico, lo que refuerza la denuncia sobre peligro inminente.

¿Qué pruebas presenta la denunciante?

La mujer indicó que cuenta con pruebas médicas, registros de denuncias y actuaciones judiciales. Incluso habría intervención de organismos como la Oficina de Violencia Doméstica. Sin embargo, asegura que “nadie inspeccionó la vivienda” pese a la gravedad de lo denunciado.

¿Qué acciones legales se han tomado?

En paralelo, el conflicto tiene un capítulo civil: Romano inició un juicio de desalojo en 2024, que aún no registra avances significativos según su testimonio. También señala demoras en la ejecución de medidas cautelares.

“Vivo con miedo todos los días. Estoy en riesgo constante y no tengo protección efectiva”, expresó la denunciante, quien pidió que su caso se haga público ante lo que considera un cuadro de abandono y violencia institucional.

El caso quedó ahora bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y evaluar las medidas urgentes para resguardar la integridad de la denunciante. Mientras tanto, la situación expone un escenario crítico donde se combinan conflicto familiar, denuncias penales y cuestionamientos al accionar judicial.