Petrolero británico en Ushuaia: el pedido de Lapadula para blindar los hidrocarburos fueguinos

La llegada del petrolero VS Promise a la monoboya de Río Cullen y su posterior amarre en el Puerto de Ushuaia encendió una alerta que va más allá de la bandera del Reino Unido. El legislador provincial Matías Lapadula presentó pedidos de informes para reconstruir toda la operatoria y determinar si los controles sobre el crudo extraído en Tierra del Fuego son suficientes para evitar que termine vinculado con empresas que explotan Malvinas.

Los pedidos están dirigidos al Gobierno fueguino y a la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Lapadula quiere saber qué actividad realizó el buque en la monoboya, a quién pertenecía el petróleo cargado, cuál fue su destino y qué verificaciones hicieron los organismos públicos antes de habilitar la operación.

“Más allá de esa indignación tenemos un rol que cumplir y es importante pedir todas las explicaciones del caso y saber cuáles fueron las circunstancias, qué hacía ese buque tanto en la monoboya de Cullen como en el Puerto de Ushuaia”, sostuvo el legislador.

¿Por qué no alcanza con la bandera?

Para Lapadula, el punto central no es que el VS Promise navegue bajo pabellón británico. Eso, dijo, no le impide automáticamente operar en territorio argentino. Lo que importa es establecer quién es su propietario, sus antecedentes comerciales y, sobre todo, si mantiene vínculos con compañías que explotan hidrocarburos en las Islas Malvinas.

“Lo que queremos saber es si se cumple la ley. Queremos saber de quién es el propietario, qué operación vino a hacer en la provincia y si tiene relación o no con alguna de las empresas que operan en Malvinas”, señaló.

El caso también abre una discusión sobre la administración de los recursos naturales fueguinos. Conocer el origen y el destino del crudo movilizado en Río Cullen permitiría trazar la operación y comprobar si los controles existentes alcanzan para impedir que la producción provincial beneficie, directa o indirectamente, intereses económicos asociados a la explotación británica en el Atlántico Sur.

El cruce de responsabilidades

Lapadula cuestionó que los organismos nacionales y provinciales se echen la culpa entre sí. “No me interesa que uno diga que lo autorizó el Gobierno y el otro que lo autorizó el puerto. Hay un hecho concreto. Un buque petrolero de bandera inglesa operó de una forma u otra en la monoboya de Cullen y atracó en el Puerto de Ushuaia. Hay responsabilidades y necesitamos saber si se cumplieron todos los procedimientos”, expresó.

Uno de los pedidos apunta específicamente a la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Lapadula sostuvo que la administración portuaria deberá explicar qué documentación examinó antes de permitir el ingreso del petrolero y si verificó que la embarcación, sus propietarios y las compañías vinculadas no estuvieran alcanzadas por restricciones relacionadas con la explotación ilegal de recursos en Malvinas.

“Lo que debiera contestar es que analizaron la documentación y constataron que no estaba inhabilitado para operar en Argentina según la ley vigente. Eso es lo que necesitamos, que den explicaciones concretas”, afirmó.

Hacia una ley más abarcativa

El legislador también pidió revisar la capacidad del Estado para seguir el circuito comercial de los hidrocarburos fueguinos. En particular, quiere saber a quién pertenecía el petróleo transportado por el VS Promise y cuál fue su destino final, datos que considera esenciales para detectar irregularidades y evaluar la eficacia de los controles.

En ese contexto, mencionó la Ley Nacional 26.659 y la normativa provincial conocida como Gaucho Rivero, aunque consideró necesario avanzar hacia herramientas más amplias. Su propuesta apunta a que las restricciones no alcancen únicamente a las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, sino también a sociedades, grupos económicos o capitales que participen directa o indirectamente de esos negocios.

“Hoy estamos ante un hecho concreto de exploración y de saqueo de nuestros recursos. Me parece que tenemos que empezar a pensar cómo tomamos otras medidas para impedirlo. Hay que trabajar en una ley mucho más abarcativa que sancione a todas las empresas que participen directa o indirectamente”, planteó.

Finalmente, Lapadula sostuvo que el carácter no renovable del petróleo obliga a extremar las medidas de protección y fiscalización. El desafío, dijo, no es solo reaccionar ante la llegada de un buque, sino establecer controles permanentes que permitan conocer quién transporta los hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego, quién los comercializa y cuál es su destino final.

“No es cuestión de echar culpas. Hay que establecer cuáles fueron las circunstancias, que se informe cada uno de los pormenores de esta operación y, a partir de ahí, crear herramientas para evitar que sigan pasándonos por arriba en términos de soberanía”, concluyó.