Pichetto juega una carta extrema para frenar la venta de tierras a extranjeros

El diputado nacional Miguel Pichetto analiza recurrir directamente a la Corte Suprema mediante un per sáltum si la Justicia no le concede la medida cautelar que presentó junto a su par de bloque Nicolás Massot. La solicitud, ingresada este viernes, busca impugnar el artículo 154 del DNU 70/23, que dejó sin efecto la antigua Ley de Tierras.

La urgencia tiene un motivo concreto: mientras el amparo no se restituya, cualquier comprador puede adquirir campos y registrar la operación como un derecho adquirido antes de que el Congreso se pronuncie.

El fallo que reabrió el debate

La presentación de los diputados llegó después de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaran la cautelar que habían obtenido los ex combatientes de Malvinas contra el artículo que deroga la vieja ley de tierras, una norma pensada para proteger el territorio nacional de la venta a manos extranjeras.

Los magistrados se quejaron por la repercusión negativa de su decisión y sostuvieron que solo se expidieron sobre la legitimidad de los demandantes —los ex soldados argentinos—. Sin embargo, para Pichetto y Massot, con ese fallo dejaron vigente el artículo 154 del decreto y barrieron con los principios protectores de la norma.

Qué dicen los diputados

A través de un comunicado, los legisladores refutaron la versión de los supremos. «Como consecuencia de esa decisión, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos», expresaron, y precisaron que «actualmente no rigen los límites que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros: ni por porcentaje nacional, provincial o departamental, ni por nacionalidad o superficie».

«Tampoco rige la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes», abundaron.

La preocupación de los diputados apunta a que las escrituras de compraventa que se firmen hasta que el Congreso rechace el DNU podrían quedar a salvo, incluso si la Cámara Baja deroga el decreto el próximo 15 de octubre, fecha prevista para tratar el asunto en el recinto. «Faltan dos semanas y se puede rematar el país en ese lapso de tiempo», alertan fuentes parlamentarias.

Un choque con los jueces que votó

La jugada de Pichetto podría enfrentarlo con Rosatti y Rosenkrantz, dos jueces cuyos pliegos votó en 2016, cuando Mauricio Macri pretendía designarlos en el máximo tribunal por decreto. El tercero de los cortesanos es Lorenzetti, a quien el diputado conoce desde los albores de los gobiernos kirchneristas, cuando fue propuesto como ministro de la Corte.

El rionegrino se acercó a Cristina Kirchner desde que la ex presidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Antes se había alejado cuando Macri asumió la presidencia del entonces Frente Para la Victoria, e incluso integró la fórmula electoral con el líder de Cambiemos en 2019.

Ese retorno a un peronismo de borde, a medio camino entre el ala más progresista del PJ y los sectores más conservadores, lo convierte en un aliado valioso para el kirchnerismo: puede ensayar maniobras en defensa de derechos que se vuelven inoperativas políticamente cuando las hace un cristinista, por la estigmatización ideológica.

El antecedente que usa como ejemplo

Pichetto, que ya mantuvo al menos dos reuniones y habla por teléfono con frecuencia con Cristina, planteó el pasado 10 de junio, en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, que se declare la nulidad del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia contra ella. «Hay facultades inherentes del Congreso, que puede, por razones de gravedad institucional, declarar la nulidad de un fallo de la Corte», indicó.

Usó como ejemplo la ley que se votó en 48 horas, en 2017, para que los represores no pudieran acogerse al régimen del 2×1, tal como pretendía la Corte en el fallo Muiña. Con aquella norma, el Poder Legislativo obligó a frenar la resolución de la cabeza del Poder Judicial, que suspendió sus efectos durante casi 10 meses, hasta que la Corte volvió a tratar el asunto y lo resolvió en sintonía con el criterio del Congreso.