Picón quiere terminar con la emergencia en discapacidad: qué cambia para miles de familias

La diputada nacional sanjuanina Nancy Picón confirmó que su bloque, Producción y Trabajo, junto a otras fuerzas del Congreso, trabaja en una iniciativa para reemplazar la lógica de emergencia en discapacidad por un sistema permanente, con financiamiento, actualización y control. La propuesta apunta a dar reglas de largo plazo a un sector que hoy depende de sucesivas prórrogas.

La iniciativa es impulsada junto al PRO, la UCR, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires. El planteo busca dejar atrás la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.

El debate que corre en paralelo

La discusión se da al mismo tiempo que el tratamiento parlamentario sobre la continuidad de la emergencia. El 9 de septiembre, la oposición logró que Diputados emplazara a las comisiones para avanzar con los proyectos que buscan extenderla hasta diciembre de 2027. Este miércoles 23 de septiembre, las comisiones de Discapacidad, Presupuesto y Hacienda tienen previsto avanzar con el dictamen.

Qué propone el proyecto

Picón explicó que el objetivo es establecer un esquema que otorgue previsibilidad al sistema y a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, en lugar de depender de sucesivas prórrogas de una emergencia.

Uno de los puntos centrales es el pago de las compensaciones a los prestadores, mediante un cronograma público y con plazos definidos. La propuesta también establece que el final de la emergencia no afecte los derechos de quienes hayan cumplido con los requisitos correspondientes.

Otro eje es el nomenclador y los aranceles. La iniciativa plantea mantener un arancel uniforme y establecer una actualización automática y mensual vinculada al IPC, con el objetivo de evitar que los valores queden desactualizados frente a la inflación.

En materia de pensiones, Picón señaló que buscan garantizar el beneficio para las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y lo necesiten, además de mantener la compatibilidad con un trabajo formal mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos.

La propuesta también contempla incentivos para la contratación de personas con discapacidad, mediante la ratificación de beneficios para empleadores que incorporen trabajadores de manera permanente. A la vez, plantea fortalecer los mecanismos de auditoría y transparencia, con controles que permitan verificar el destino de los recursos y garantizar el debido proceso.

Finalmente, el proyecto incorpora un eje de presupuesto y federalismo, con partidas suficientes, articulación permanente con el COFEDIS y publicación de información sobre presupuesto, aranceles y pensiones.