Piden auditoría millonaria: ¿en qué se gastarán los $3.900 millones en seguridad?
El diputado Pérez Carletti presentó una auditoría por el pago de $3.900 millones en seguridad. ¿Qué se esconde detrás de la licitación? Los detalles que nadie contó.
El diputado provincial Facundo Pérez Carletti presentó este viernes una auditoría ante el Tribunal de Cuentas por la licitación que autoriza el pago de $3.900 millones para el mantenimiento de equipos de seguridad. El legislador busca respuestas sobre el destino de una cifra que considera desproporcionada.
La presentación se realizó en medio de un fuerte reclamo de la oposición por la falta de móviles policiales y recursos en la provincia. Pérez Carletti, del bloque Despierta Santiago, cuestionó la transparencia del proceso y exigió que se explique detalladamente el uso de los fondos.
¿Qué se debe mantener?
“Acabo de presentar este pedido, queremos saber qué es lo que se debe mantener”, afirmó el diputado, dejando en claro que la auditoría busca esclarecer los términos de la licitación. El monto autorizado asciende a 3.900 millones de pesos, una suma que generó controversia en el ámbito político provincial.
El legislador insistió en que los vecinos de Santiago del Estero enfrentan serias dificultades al solicitar asistencia policial: “Cada vez que piden un móvil, reciben como respuesta que no tienen vehículo, combustible ni personal”. En ese contexto, se preguntó: “¿En qué nos va a mejorar la vida a los santiagueños esta inversión?”.
Citación al Secretario de Seguridad
Pérez Carletti recordó que días atrás solicitó a las autoridades de la Cámara de Diputados que citen al Secretario de Seguridad, comisario general (R) Marcelo Pato, para que explique “en qué se empleará la exorbitante suma de dinero que el Gobierno invertirá en los equipos de seguridad”. La medida apunta a obtener precisiones sobre el plan de mantenimiento y su impacto real en el servicio.
La auditoría presentada ante el Tribunal de Cuentas abre un nuevo capítulo en el debate político sobre la gestión de los recursos públicos en materia de seguridad. La oposición reclama mayor control y transparencia en el uso de los fondos, mientras el oficialismo deberá responder a los cuestionamientos.
