Piden detener al exjefe de la Andis: dónde lo encontraron la primera vez que lo buscaron

El abogado Gregorio Dalbón reclamó al juez federal Ariel Lijo que detenga a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta y por recibir coimas.

El pedido lo hizo público en su cuenta de X, la ex Twitter. "Con las nuevas revelaciones de la causa ANDIS, detener a Diego Spagnuolo, es la única manera de asegurarse la continuidad y el éxito de la investigación", escribió el letrado.

Dalbón justificó la solicitud en el riesgo de fuga. Recordó que en los primeros tramos de la causa el exfuncionario no habría sido localizado en los domicilios que se allanaron y que apareció después dentro de un country de Pilar.

La Cámara sostuvo el procesamiento

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones resolvió la semana pasada mantener el procesamiento de Spagnuolo, a quien también se le imputa ser jefe de una asociación ilícita. Con esa decisión, el expediente quedó cerca de avanzar hacia un juicio oral.

En la misma causa fueron procesadas otras 18 personas. Entre ellas figuran el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete —padre de la exfuncionaria de Economía Ornella Calvete— y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.

Qué dice el fiscal sobre el organismo

Para el fiscal federal Franco Picardi, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, durante el gobierno de Milei, el organismo que dependía de Spagnuolo "fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios".

La investigación se había destapado por presuntos audios del propio Spagnuolo en los que reconocía el cobro de coimas del 3 por ciento del valor de las compras de la Andis.

El foco está puesto en el Programa Federal Incluir Salud, que financiaba las prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), además de medicamentos e insumos costosos para pacientes con pensiones no contributivas y sin cobertura médica.

"El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello", señaló el procesamiento que antes había confirmado el juez Sebastián Casanello.

Los camaristas Carlos Farah y Roberto Boico compartieron el criterio de Picardi y avalaron el procesamiento como paso previo al juicio oral. En el mismo texto rechazaron los planteos de las defensas de los acusados: sostuvieron que "no han logrado argumentar el punto de manera independiente, pues sus objeciones aparecen relacionadas de manera directa con la forma en que fueron definidas las situaciones procesales".